Inspectores fiscales catalogan de imposible la implementación del acuerdo del cupo catalán y solicitan la renuncia de Montero

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha expresado este miércoles que es imposible aplicar el acuerdo de financiación especial logrado entre el gobierno central y la Generalitat de Cataluña, un convenio que consideran marca el comienzo de la desaparición del Estado si se aplica a otras comunidades autónomas. Además, han reiterado su solicitud de dimisión para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En una presentación realizada en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), los inspectores han explicado que este acuerdo también provocaría la desaparición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que se vería troceada y repartida entre las diversas regiones.

Según indican, se vulnerarían principios básicos de la Hacienda española, como la necesidad de un sistema de información unificado, una caja única y una gestión integrada de las retenciones.

Específicamente, han señalado que la gestión del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para 2026 es irrealizable porque, en su opinión, no es realista y no se podría sincronizar la información de una base de datos nacional con una catalana, afectando significativamente la eficiencia en las devoluciones de las declaraciones de renta.

Resultaría imposible enviar a los contribuyentes los datos fiscales, puesto que la información estaría en dos bases de datos diferentes. También se verían afectados los cruces de información para detectar riesgos fiscales. Aunque no han proporcionado cifras exactas sobre el impacto en la recaudación, han mencionado que los impuestos catalanes representaron el 19,35% del total nacional en 2022, año en el que el Estado recaudó 255.463 millones de euros, de los cuales 49.434 provenían de Cataluña.

El acuerdo tendría consecuencias en la lucha contra el fraude fiscal, también por la dispersión de los datos al dividir la hacienda española y la catalana. Una información fraccionada en dos bases de datos no puede producir los resultados actuales en la lucha contra el fraude, han enfatizado.