La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha expresado su rechazo frontal a cualquier intento de rebajar las exigencias de acceso a los cuerpos directivos de la Administración, tras la decisión del Congreso de los Diputados de dar luz verde a la tramitación de una proposición de ley procedente del Parlamento de Cantabria para reorganizar el Grupo A del empleo público.
La iniciativa cántabra, admitida a trámite por la Cámara Baja, plantea modificar la clasificación de los cuerpos y escalas de funcionarios con el fin de que enfermeras y fisioterapeutas puedan integrarse en el Grupo A1 del Estatuto Básico del Empleado Público. Ante este planteamiento, IHE ha mostrado una oposición tajante a medidas de este tipo “que no están técnicamente justificadas y perjudican el interés general”.
Según la asociación, el proyecto del Parlamento de Cantabria, que en la práctica elimina la separación entre A1 y A2 en el ámbito sanitario, constituye un atajo político que, bajo la apariencia de corregir agravios, desmantela la carrera profesional de los funcionarios, abarata el acceso al grupo superior y abre un precedente que consideran muy arriesgado, al permitir que cuerpos técnicos pasen a ser superiores sin respetar los principios de mérito, capacidad y el nivel de excelencia exigido a los cuerpos superiores del Estado.
En esta línea, IHE advierte de que “esta propuesta puede sentar las bases para una reclasificación totalmente descabellada de otros cuerpos de la función pública integrados en el subgrupo A2 que llevan años aspirando a convertirse en cuerpos A1, sin pasar por la fase de oposición y aprobar el proceso selectivo establecido como requisito previo para estos cuerpos superiores”, según recoge un comunicado difundido por la organización.
“La propuesta compromete la eficacia del sistema tributario”
La asociación alerta de que rebajar los requisitos de acceso al subgrupo A1 de la Administración, o bien diluirlo con el A2, tendría efectos muy negativos: erosiona la meritocracia, reduce la especialización técnica, pone en riesgo la calidad de las decisiones en materia tributaria, dificulta la lucha contra el fraude fiscal más complejo y deteriora la eficacia de la Agencia Tributaria.
IHE insiste en que el modelo vigente, sustentado en una alta especialización, rigor y competencia técnica, resulta esencial para preservar la integridad del sistema tributario español. En este sentido, recuerda que “la promoción interna A2-A1 ya garantiza oportunidades de carrera sin menoscabar la excelencia profesional”.
En relación con su propio ámbito, la asociación detalla que el acceso al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda (A1) exige una titulación universitaria de nivel superior (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado), mientras que para el Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) se requiere una titulación equivalente a diplomado, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o Grado, admitiéndose también como equivalente haber superado tres cursos completos de una Licenciatura.
Asimismo, el proceso selectivo para convertirse en Inspector de Hacienda del Estado consta de cinco ejercicios eliminatorios, entre ellos dos orales ante tribunal, casos prácticos complejos de carácter multidisciplinar y una prueba de idioma. En contraste, el acceso al cuerpo de Técnicos de Hacienda se estructura en tres ejercicios y no incluye pruebas orales.
La asociación subraya también que el programa de acceso a Inspector de Hacienda del Estado abarca 193 temas, frente a los 87 temas del temario de Técnico de Hacienda, más enfocado en tareas operativas. “La diferencia, superior al 120%, evidencia una mayor profundidad analítica, densidad normativa y exigencia conceptual en el A1”, sostienen desde IHE, que considera que esta brecha formativa justifica plenamente mantener la separación entre ambos subgrupos.











