La Agenda OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) prevista para el ejercicio 2026 se perfila como la referencia clave para orientar la inversión y el desarrollo económico en Iberoamérica, en un escenario internacional marcado por una profunda reconfiguración productiva y regulatoria.
Esta idea se desprende de la jornada “Brújula de los Negocios: Agenda OCDE 2026”, impulsada por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), que congregó a representantes de instituciones públicas, del mundo empresarial y del ámbito académico.
El secretario permanente del CEIB, Narciso Casado, advirtió de que “las reglas del juego están evolucionando con rapidez” y recalcó que la competitividad, la seguridad jurídica y la capacidad de atraer inversión “dependen, en gran medida, de que las empresas estén presentes en los espacios donde se diseñan esas normas”.
En esta línea, sostuvo que la implicación directa del sector privado en los foros multilaterales, entre ellos las Cumbres Iberoamericanas, debe entenderse como un elemento estratégico y no accesorio, con el fin de impedir que la sobrerregulación y el exceso de trámites administrativos terminen lastrando el crecimiento económico.
Desde esa óptica, el vicepresidente nacional de Asuntos Internacionales y Laborales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y miembro del Comité Ejecutivo de Business en la OECD (BIAC), Fernando Treviño, subrayó la urgencia de presentar propuestas específicas en campos como el comercio, la digitalización, la fiscalidad, el mercado de trabajo o las pymes, con la finalidad de impulsar marcos regulatorios que aporten certidumbre y estimulen la llegada de capital.
A su juicio, la región latinoamericana ha de reforzar su papel en el nuevo escenario productivo mundial, utilizando la Agenda OCDE 2026 como palanca para afianzar estándares más coherentes y entornos regulatorios más estables y previsibles.
Por otro lado, el profesor de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Navarra, Jacobo Ramos-Folch, señaló que América Latina afronta una coyuntura clave para profundizar en su integración y avanzar en la convergencia regulatoria, requisitos indispensables para evitar una mayor fragmentación y mejorar su posición como destino de inversión.
Asimismo, el responsable de Conocimiento y Agenda 2030 de la Asociación Española de Normalización (UNE), Daniel Massó, remarcó que la regulación técnica ha de fortalecerse mediante estándares armonizados a escala internacional, de forma que no se transformen en obstáculos encubiertos para el comercio.