La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha trasladado al Ejecutivo la necesidad de definir una senda de objetivos de estabilidad que sea coherente con el cumplimiento de la regla de gasto tanto nacional como europea, si bien el Gobierno sostiene que su propuesta de metas ya se ajusta a esta recomendación.
El organismo independiente que encabeza Cristina Herrero difundió este jueves el seguimiento de las recomendaciones dirigidas a las Administraciones públicas en el cuarto trimestre de 2025, periodo en el que planteó cinco recomendaciones relativas a la aplicación de la Ley de Estabilidad, centradas en la fijación de objetivos y en la puesta en marcha de medidas correctoras.
Estas recomendaciones se enmarcan en el principio de cumplir o explicar, lo que implica que las Administraciones están obligadas a acatarlas o, en su defecto, justificar por qué se apartan de ellas.
Al poder dirigirse una misma recomendación a más de una administración, en el cuarto trimestre el número total ascendió a nueve: dos remitidas al Ministerio de Hacienda, una al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y seis a distintas comunidades autónomas.
Aplicación de la Ley de Estabilidad
La AIReF instó al Ministerio de Hacienda a que, mientras no se adapte la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) al nuevo marco fiscal europeo, la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda para cada subsector sea compatible tanto con la regla de gasto nacional como con los compromisos de gasto europeos incluidos en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP).
Hacienda respondió que los objetivos planteados por el Ministerio, que finalmente no prosperaron, ya atendían a esa recomendación. No obstante, la AIReF considera que respetar la regla de gasto nacional implicaría fijar metas de estabilidad más estrictas y subraya que las divergencias entre la regla de gasto nacional y la europea hacen que el cumplimiento de la primera no garantice automáticamente el respeto de la segunda.
Medidas presupuestarias
Al respaldar las previsiones macroeconómicas de los Presupuestos para 2026, la AIReF reiteró una recomendación considerada viva, al recordar a los Ministerios de Economía, Comercio y Empresa y de Hacienda la necesidad de aportar más detalles sobre las medidas de carácter presupuestario y fiscal integradas en el escenario macroeconómico del plan fiscal estructural de medio plazo.
Según ha lamentado el organismo fiscalizador, los Ministerios se han venido apartando de esta recomendación y no han notificado avances que supongan un cambio de enfoque.
Recomendaciones a las comunidades autónomas
En el ámbito autonómico, la AIReF instó a Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha a que, si se vieran obligadas a presentar un Plan Económico Financiero (PEF) por vulnerar la regla de gasto de 2024, incorporasen medidas suficientes para garantizar una trayectoria de crecimiento del gasto computable alineada con las tasas de referencia durante todo el periodo, detallando sus componentes, su impacto y el calendario de aplicación.
Como alternativa, el organismo recomendó extremar el control de la ejecución presupuestaria y adoptar ajustes si resultara necesario. Las tres comunidades manifestaron su compromiso de atender esta recomendación.
Además, la AIReF pidió a Cataluña y Aragón que remitiesen cuanto antes sus proyectos de Presupuestos para 2026. Cataluña indicó que está trabajando en la aprobación del anteproyecto, mientras que Aragón señaló que presentará las cuentas una vez disponga del marco fiscal definitivo (objetivos y regla de gasto).
La AIReF advierte de que la falta de objetivos aprobados complica, aunque no imposibilita, la elaboración de los presupuestos autonómicos y recuerda que existe una tasa de referencia que, para 2026, limita el incremento del gasto primario neto de medidas de ingreso al 3,5%.
Por último, la AIReF recomendó a Andalucía intensificar el seguimiento de la ejecución de sus cuentas y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para corregir incrementos del gasto que superen la tasa de referencia, un compromiso que la comunidad ha asumido.