La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado el procesamiento de BBVA, de su expresidente Francisco González y de varios antiguos altos cargos del banco por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para la presunta realización de diversos encargos ilegales entre 2004 y 2016.
En una batería de autos a los que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera desestima los 11 recursos de apelación presentados contra la resolución con la que el juez instructor dio por concluida la fase de investigación. Los magistrados, coincidiendo con la Fiscalía Anticorrupción y con el propio instructor, afirman que “no resulta creíble el desconocimiento alegado” por el banco.
Con esta decisión, la Audiencia Nacional mantiene el procesamiento, entre otros, del que fuera responsable de Seguridad de la entidad, Julio Corrochano, del ex consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, del ex jefe de Control Interno, Eduardo Arbizu, y del exdirector de Riesgos, Antonio Béjar.
La Sala analiza el sistema interno de prevención y control de delitos implantado por BBVA. A juicio de los jueces, dicho modelo no resultó eficaz, ya que dejaba fuera de cualquier mecanismo de supervisión a la Presidencia Ejecutiva y a la alta dirección que, de forma indiciaria, habrían cometido los “delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA".
Para la Audiencia Nacional, “no es irrazonable concluir, como hace el instructor que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control cuyas órdenes era obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas".
El papel de Francisco González y la elección de CENYT
La Sala subraya que los indicios existentes deberán ser valorados en conjunto en el juicio oral, sin que le corresponda ahora precisar “cómo deberían haberse hecho los controles que podrían haber prevenido la comisión del delito”, limitando su examen a constatar indiciariamente que los mecanismos vigentes “no eran eficaces por las razones expuestas”.
Respecto a Francisco González, los magistrados, en sintonía con el instructor, apuntan que algunos de los contratos con CENYT —el entramado empresarial de Villarejo— fueron ordenados por el entonces presidente de BBVA, “que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores. A juicio de los magistrados, “no es irrazonable” concluir que por eso la eligió tras no dar ningún resultado con otros métodos de investigación y sí lo dieron con CENYT".
Los jueces consideran razonable la interpretación de los indicios efectuada en el auto recurrido y por las acusaciones, que apuntan a la participación de González en los delitos de cohecho y revelación de secretos que se le imputan provisionalmente y a que conocía que la información obtenida por CENYT en ejecución de dichos contratos “fuera sin respetar la legalidad".
Según se recoge en la resolución, todo ello se habría llevado a cabo sirviéndose de funcionarios policiales para acceder a datos de carácter íntimo y personal y a bases de datos cerradas, con injerencia en derechos fundamentales de las personas investigadas y sin autorización judicial, pese a lo cual se habría ordenado continuar contratando los servicios de Villarejo.
“Estos hechos presentan los caracteres de delitos continuados de cohecho y revelación de secretos como se señala en el auto recurrido, que impide el sobreseimiento de las actuaciones interesado, todo lo cual nos lleva a la desestimación del recurso en este punto", concluye la Sala.
Fin de la instrucción y origen de la trama
En junio de 2024, el entonces juez instructor, Manuel García Castellón, propuso sentar en el banquillo al banco, a González y a Villarejo, entre otros, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Mediante un auto de 268 páginas, dio por cerrada la instrucción de la pieza separada 9 del “caso Villarejo”.
El magistrado detallaba que el origen de los hechos se sitúa en la contratación por parte de BBVA del entonces comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002. Esa incorporación contó con la aprobación expresa del presidente ejecutivo, Francisco González, y permitió establecer un canal directo entre el banco y antiguos compañeros del citado mando policial, entre ellos los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.
El juez relataba cómo Villarejo, “haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías, lo que le permitía, entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas de seguridad tuviesen acceso".
“Conociendo Julio Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, José Villarejo Pérez, a través del denominado Grupo CENYT, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal anómalo e ilegal recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo", añadía el instructor.
Según el auto, “dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo".
A partir de ahí, se suscribieron varios contratos para activar distintos proyectos de inteligencia que abarcaban seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consultas de bases de datos personales o averiguaciones patrimoniales de diversas personas, entre ellas empresarios, abogados y periodistas.