La Cámara de Comercio Internacional (ICC) ha señalado que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que rechaza la legalidad de los aranceles recíprocos impulsados por Donald Trump, “introduce nueva incertidumbre” en el marco de las relaciones comerciales más amplias con el país norteamericano.
El secretario general de la ICC, John W.H. Denton AO, ha destacado que, más allá del posible respiro financiero para determinadas compañías, el dictamen hecho público este viernes vuelve a generar dudas sobre el rumbo de la política comercial estadounidense, después de que Washington ya hubiera manifestado su intención de restablecer medidas arancelarias por otras vías jurídicas.
Según ha explicado, este escenario incrementa el riesgo de nuevas perturbaciones en los flujos de exportación hacia Estados Unidos y obliga a revisar el impacto potencial sobre los acuerdos bilaterales firmados por el país con distintos socios comerciales, basados en la reducción de aranceles recíprocos que ahora han quedado invalidados.
Al mismo tiempo, aunque numerosas empresas podrían beneficiarse de eventuales devoluciones tras la resolución del Supremo, dada la fuerte carga que los aranceles amparados en la IEEPA han supuesto para sus balances durante los últimos meses, el responsable de la ICC ha avisado de que “las empresas no deben esperar un proceso sencillo” debido a la previsible complejidad administrativa de las reclamaciones vinculadas a los procedimientos de importación en Estados Unidos.
“El fallo de hoy guarda un preocupante silencio sobre este tema”, subraya, ha indicado Denton, remarcando que será imprescindible contar con una orientación clara por parte del Tribunal de Comercio Internacional y de las autoridades estadounidenses competentes para reducir al mínimo los costes innecesarios y evitar un repunte de la litigiosidad.
En cualquier caso, ha insistido en que la estabilidad y previsibilidad de la política comercial resultan esenciales para la planificación empresarial y las decisiones de inversión, por lo que ha instado al Gobierno estadounidense a precisar los próximos pasos y a asegurar que cualquier actuación futura se articule mediante procesos transparentes y con sólidas garantías jurídicas.