La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina ha calculado que “de más del 90% de las actividades” se sumaron al paro general de 24 horas que dejó prácticamente detenido al país este jueves, en rechazo a la reforma laboral aprobada recientemente por la Cámara de Diputados.
En una comparecencia ante la prensa para evaluar el impacto de la huelga, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, subrayó la continuidad de la ofensiva sindical: “No estamos dispuestos a retroceder ni a entregar ninguna de las conquistas. Aquí no terminó nada, sino que recién empieza todo y el plan de acción se cumple”.
Jerónimo insistió en que el plan de lucha “se viene cumpliendo al pie de la letra y seguramente la política se va a poner nerviosa”, y tildó de “cómplices” de esta “traición” a los legisladores que respaldaron la reforma laboral en la votación parlamentaria.
El dirigente sindical también replicó a las declaraciones del jefe del Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, que había acusado a la central obrera de “extorsión” para forzar el paro. “Esperemos que este gobierno tenga la capacidad de poder escuchar el mensaje que le dio el pueblo argentino hoy, que no se pongan caprichosos ni en una encerrona, porque acá no existe ninguna extorsión. Nosotros queremos que le vaya bien a Argentina y ser parte de ese proceso virtuoso”, remarcó.
En la misma línea, el cotitular de la CGT, Jorge Sola, afirmó que el proyecto de ley “retrocede 100 años” y denunció que busca reducir los aportes y contribuciones patronales en 3.000 millones de dólares (2.546 millones de euros), además de aplicar un recorte adicional de 3.000 millones de dólares en el sistema de jubilaciones del país.
La reforma laboral, impulsada por el presidente Javier Milei, fue aprobada este jueves en la Cámara de Diputados con el respaldo del oficialismo y de sus aliados parlamentarios. Durante el trámite se suprimió el artículo 44, que contemplaba una rebaja del 50% en los salarios durante las bajas médicas por enfermedad o accidente, por lo que el texto deberá regresar al Senado para una nueva votación.
La normativa contempla, entre otros puntos, la ampliación de la jornada laboral de 8 hasta 12 horas diarias, una reducción de los costes de despido, la eliminación del pago obligatorio de las horas extraordinarias y la restricción de asambleas y huelgas, lo que ha encendido la oposición de los sindicatos.