La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto ocho nuevos expedientes sancionadores a varias compañías eléctricas por infracciones catalogadas como "graves", dentro de la investigación sobre el cero eléctrico registrado el 28 de abril de 2025.
En esta nueva tanda, el organismo que encabeza Cani Fernández ha incoado seis expedientes a Naturgy, uno a Iberdrola y otro a la Central Térmica Grupo 4 de Soto de Ribera, perteneciente a EDP.
Con estos casos, el regulador suma ya 64 expedientes en curso relacionados con las actuaciones de las empresas durante el histórico apagón que afectó al sistema eléctrico peninsular.
En el caso de Naturgy, los expedientes comunicados este lunes se añaden a los cinco que la CNMC había hecho públicos con anterioridad. Sin embargo, la pasada semana, durante la presentación de resultados del primer trimestre, la compañía explicó ante los analistas que había sido notificada de un total de 11 procedimientos, aunque insistió en que ninguno de ellos estaba vinculado directamente con el apagón, y que se estaba llevando a cabo un "análisis exhaustivo para garantizar una respuesta rigurosa y oportuna" a todos ellos.
En cuanto a Iberdrola, la eléctrica acumula ya más de veinte expedientes incoados por la CNMC, entre ellos uno calificado como "muy grave" por posibles incumplimientos en una de sus centrales nucleares del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, relativo a la "reducción de producción o suministro sin autorización/incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad".
Pese a ello, la empresa remarcó la semana pasada que ninguno de los procedimientos abiertos por el regulador está "relacionados con los eventos que llevaron al apagón", y defendió que su posición jurídica frente al caso es "muy fuerte", al considerar que "siempre ha actuado de acuerdo con la Ley y con total transparencia".
Dentro de esta oleada de actuaciones, la CNMC ha incoado también dos expedientes por infracción "muy grave": uno contra la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, y otro contra Red Eléctrica de España (REE).
En el caso del operador del sistema, el regulador apunta a un posible incumplimiento de las funciones k-, l-, r- y u- del artículo 30.2, con perjuicio para el sistema o para determinados sujetos, en relación con la planificación del 'mix' de generación de ese día.
Estas funciones recogen la obligación del operador del sistema de programar la operación de las instalaciones de producción de electricidad conforme al resultado de la casación de ofertas remitidas por el operador del mercado.
Este lunes, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha insistido en que el operador del sistema sostendrá en sus alegaciones que no se produjo ningún incumplimiento por su parte.
Además, la CNMC mantiene abiertos expedientes a otras compañías como Endesa -que acumula más de una decena-, Repsol, ContourGlobal La Rioja, Engie Cartagena, TotalEnergies, Bahía de Bizkaia Electricidad o Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II.
Investigación más allá del 28 de abril
La CNMC ha precisado que "las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente".
Al mismo tiempo, el organismo ha subrayado que "los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial". También ha recalcado que la apertura de estos expedientes "no prejuzga el resultado final de la investigación".
Los procedimientos sancionadores cuentan con un plazo máximo de tramitación que oscila entre nueve y dieciocho meses, en función de la gravedad de las infracciones, periodo durante el cual las empresas podrán presentar alegaciones y proponer pruebas. Para las infracciones calificadas como "muy graves" las sanciones pueden alcanzar hasta 60 millones de euros, mientras que en el caso de las "graves" el límite se sitúa en 6 millones de euros.