La Conferencia Sectorial de Energía ha dado el visto bueno por unanimidad a la distribución de 300 millones de euros destinados a medidas de eficiencia y ahorro en la industria, y de otros 200 millones para la rehabilitación de edificios ya existentes en el sector terciario, en el marco del Plan Estratégico 2024-2026 del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).
Según informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, este acuerdo es el primero que alcanzan las comunidades y ciudades autónomas a través de un nuevo procedimiento escrito, que permite a la Conferencia adoptar decisiones sin necesidad de convocar una sesión presencial.
En la reunión celebrada el pasado 1 de diciembre en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Conferencia Sectorial de Energía optó por aplazar la distribución de los 500 millones de euros autorizados por el Consejo de Ministros en julio, con el fin de analizar con más detalle la propuesta remitida por el departamento.
En esa misma sesión, y también con el respaldo unánime de las comunidades y ciudades autónomas, se modificó el reglamento interno de la Conferencia para permitir la adopción de acuerdos mediante procedimiento escrito.
El gabinete encabezado por Sara Aagesen señaló que es la primera ocasión en que se recurre a esta fórmula y que los ejecutivos autonómicos, una vez despejadas sus dudas, han respaldado por unanimidad el esquema de reparto planteado inicialmente por el Ministerio.
En anteriores convocatorias de ayudas con cargo al FNEE, era el propio Ministerio quien fijaba el diseño de los programas, mientras que ahora los nuevos instrumentos de apoyo se limitan a definir las tipologías de actuaciones subvencionables y los potenciales beneficiarios. De este modo, las comunidades autónomas pueden seleccionar una o varias modalidades, definir la intensidad de las subvenciones y decidir si se conceden en régimen de concesión directa o por concurrencia competitiva, lo que amplía notablemente su capacidad de decisión.
En el Programa de eficiencia energética para pymes y grandes empresas del sector industrial se asignan 300 millones de euros a la modernización de equipos y procesos productivos, con ahorros de energía superiores al 10%, así como a la implantación de sistemas de gestión energética.
Para fijar el reparto de esos 300 millones de euros se ha tomado como referencia la última estadística del INE sobre PIB a precios de mercado y valor añadido bruto a precios básicos por ramas de actividad.
Ahorro mínimo del 20% en el sector terciario
En cuanto al Programa de rehabilitación energética en el sector terciario (PREE terciario), las intervenciones deberán demostrar “un ahorro de energía del 20%” y se orientarán a edificios destinados a usos administrativos, sanitarios, comerciales, docentes, residenciales públicos, culturales, recreativos, deportivos, de restauración, para el transporte de personas y lugares de culto.
Las inversiones se concentrarán en la mejora de la envolvente térmica de los inmuebles, el incremento de la eficiencia energética en otros sistemas, la incorporación de energías renovables en las instalaciones térmicas y la optimización de los sistemas de iluminación.
Para distribuir los fondos de este programa se ha utilizado la última estadística del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre edificios no residenciales construidos en España. En ambos casos, las ayudas serán a fondo perdido y se abonarán una vez que el beneficiario haya acreditado en plazo y forma el cumplimiento de la actuación subvencionada.
Por comunidades autónomas, Andalucía será la que reciba un mayor volumen de recursos, con 29,2 millones de euros para el tejido industrial y 29,8 millones de euros para el sector terciario; a continuación se sitúan Aragón, con 14,4 millones de euros y 14 millones de euros, Asturias, con 7,2 millones de euros y 2,2 millones de euros, y Baleares, con 2,8 millones de euros y 2,7 millones de euros, respectivamente.
El Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio, asumirá las tareas de coordinación, seguimiento presupuestario y control de los resultados energéticos, mientras que las comunidades autónomas serán responsables de la evaluación y verificación de los proyectos.