El sector pesquero andaluz ha decidido detener su actividad este lunes para desplazarse a Madrid y mantener un encuentro con el Ministerio de Pesca, en protesta por las recientes medidas de control pesquero aprobadas por la Unión Europea (UE).
Según ha señalado Facope en un comunicado, “hay normativas que se deciden en Bruselas y que no se defienden adecuadamente, como el nuevo Reglamento de Control con medidas incumplibles tales como declarar el peso exacto de las capturas en el mar o comunicar con horas de antelación el regreso a puerto que suponen un golpe directo a una flota que faena mayoritariamente cerca de la costa y de los puertos”.
Así, el sector ha convocado un paro para este lunes, “jornada en la que se paralizará la flota y se procederá al cierre de las lonjas a nivel nacional, como muestra del rechazo a unas decisiones que están llevando al límite a la pesca profesional”.
Facope se pregunta si con este paquete de medidas se busca realmente reforzar el control o, por el contrario, “acabar con la flota pesquera”, al tiempo que asegura que “seguiremos luchando por la supervivencia del sector y por una pesca sostenible y realista”.
Para la Federación se trata de una coyuntura “límite” para la flota andaluza, “asfixiada por la combinación de los efectos del cambio climático, una burocracia creciente y normativas alejadas de la realidad del mar”. Añade, además, que “son decisiones que se adoptan desde despachos que no conocen la pesca y que están impidiendo al sector seguir trabajando”.
En esta línea, la organización recuerda episodios recientes como el cierre anticipado de la pesquería de la cigala o las restricciones en otras especies como la caballa, que “han vuelto a demostrar la falta de sensibilidad hacia una actividad que sostiene empleo, economía y cultura en nuestras costas”.
Tras la reunión prevista este lunes con el Ministerio, el sector decidirá si mantiene el amarre de la flota o si adopta otras medidas de presión.
La pasada semana, una parte de la flota andaluza ya había optado por parar temporalmente en señal de rechazo a la nueva reglamentación comunitaria que entró en vigor el 10 de enero. En un primer momento se sumaron al paro el Golfo de Cádiz y, en el Mediterráneo, el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga), aunque posteriormente reanudaron la actividad.