La licitación de obra pública en España avanzó un 7,3% entre enero y marzo de 2026, hasta alcanzar los 8.343 millones de euros, de acuerdo con los últimos datos difundidos por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).
Este incremento global se apoya en el repunte del 16% registrado en los ayuntamientos, que compensa la caída del 12% en las comunidades autónomas, así como en el aumento del 15,5% de la Administración General del Estado en su conjunto.
Dentro del ámbito estatal, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recortó su licitación un 11,7%, hasta 147 millones de euros, mientras que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, principal organismo licitador del país, redujo ligeramente sus concursos un 0,6%.
El descenso en este último departamento se debe, sobre todo, al retroceso del 17,4% en el Administrador de la infraestructura ferroviaria (Adif), el mayor ente público licitador, que sacó a concurso nuevos contratos por 1.118 millones de euros, por debajo de los 1.354 millones licitados en el mismo periodo de 2025.
En contraste con la debilidad del negocio ferroviario, la licitación aeroportuaria de Aena se impulsó un 89%, hasta los 149 millones de euros, mientras que la correspondiente al sistema portuario aumentó un 38%, hasta situarse en 179 millones.
En el capítulo de carreteras, la empresa pública que administra las autopistas rescatadas tras la crisis financiera de 2008 (Seitt) licitó 44 millones de euros, el doble que un año antes, en tanto que la Dirección General de Carreteras continuó sin sacar a concurso ningún contrato en lo que va de ejercicio.
Respecto a las comunidades autónomas, la principal responsable del descenso fue la Comunidad de Madrid, donde la licitación se hundió un 70%, hasta los 150 millones de euros, junto con la Comunidad Valenciana, que experimentó también una caída del 70%, hasta los 71 millones.
En el lado opuesto se situó Andalucía, que elevó su licitación un 208%, hasta los 567 millones de euros; Galicia, con 338 millones y un incremento del 124%; y Castilla-La Mancha, que alcanzó los 109 millones tras dispararse un 926%.