Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han avanzado este jueves que darán su voto favorable al reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la Conferencia Sectorial de Vivienda de hoy, a pesar de que no comparten “cómo se ha hecho y cómo se ha configurado” y han avisado de que se reservan la opción de presentar “futuros recursos” ante el Tribunal Supremo.
Así lo ha señalado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, en declaraciones previas a la reunión, en las que ha intervenido en nombre de todas las autonomías gobernadas por el PP.
“Consideramos que es un acto propagandístico del 'sanchismo' y que lo único que pretende es condicionar a las comunidades autónomas sin solucionar realmente el problema de vivienda que tenemos todos los españoles y especialmente nuestros jóvenes”, ha indicado.
En la reunión de este jueves entre el Ministerio de Vivienda y las comunidades se analiza el reparto de los fondos del plan, ya pactado previamente con las regiones.
Con una dotación máxima de 7.000 millones de euros, el triple que el plan anterior, se prevé dedicar el 40% del presupuesto a incrementar de forma permanente la oferta de vivienda protegida, otro 30% a la rehabilitación del parque residencial existente mediante ayudas específicas y el 30% restante a apoyos para la emancipación de los jóvenes, la rebaja de la tasa de esfuerzo financiero y actuaciones en zonas tensionadas.
Rodrigo ha criticado que el diseño del plan se haya hecho “a espaldas de las comunidades autónomas”, que se enteraron de su contenido a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), y ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “intenta imponer” su “agenda ideológica” y “políticas nefastas de vivienda” a los gobiernos autonómicos.
Tras insistir en que debería haberse convocado una nueva Conferencia Sectorial de Vivienda para “con total transparencia, haber debatido este plan y, sobre todo, haberlo aprobado”, ha reiterado que, pese a sus críticas, las CCAA del PP votarán a favor del reparto, aunque no compartan “cómo se ha hecho y cómo se ha configurado”.
“Por eso, sin lugar a dudas, nos reservamos la presentación de futuros recursos pertinentes en cada una de nuestras regiones” ante el Tribunal Supremo, ha recalcado el consejero madrileño.
Entre otros aspectos, ha subrayado que el plan “llega tarde” y “no tiene la suficiente agilidad y rapidez” para respaldar a las comunidades y “no perder este año 2026”. Ha recordado que, una vez supere la Conferencia Sectorial, deberá volver al Consejo de Ministros, regresar a otra sectorial y firmarse convenios bilaterales con cada región, por lo que considera que 2026 está prácticamente “perdido”.
Asimismo, ha cuestionado que el programa obligue a las autonomías a asumir una aportación financiera “prácticamente inviable”. “Mientras que las comunidades autónomas estamos haciendo un esfuerzo multiplicado por seis en relación con la aportación que hacíamos en el plan anterior, el Gobierno de España, solo está haciendo un esfuerzo multiplicándolo por dos”, ha reprochado.
En esta línea, ha denunciado que “además de las amenazas que están planteando sobre si estás conmigo o estás contra mí o haces lo que yo te digo con este plan, o al final no te voy a dar financiación” se trata de un reparto que “no es justo en un sistema democrático”.
También ha criticado que el plan incorpore el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de forma que los inmuebles adquiridos o promovidos con estos fondos mantendrán la calificación de protegidos de manera permanente.
Ha recordado que el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional este punto en recursos planteados por comunidades como Andalucía o Madrid. “Se nos dio la razón diciendo que esto era una invasión de competencias y sin embargo ahora la ministra lo intenta hacer por la puerta de atrás a través de la aprobación de este Real Decreto”, ha denunciado.
En este contexto, ha insistido en que el plan “pretende condicionar a las comunidades autónomas sin solucionar realmente el problema de vivienda”. “Nos preocupan nuestros jóvenes y nosotros, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, tenemos especial dedicación a nuestros jóvenes porque nos preocupan, sinceramente, que no puedan emprender sus nuevos proyectos de vida y estamos viendo que el Gobierno de Pedro Sánchez, después de ocho años, no ha construido ninguna vivienda y les está hipotecando su futuro”, ha concluido.