Las dos principales patronales de compañías de telecomunicaciones en Europa, GSMA y Connect Europe, han avisado del fuerte impacto económico que tendría prohibir el uso de equipos de firmas como Huawei y ZTE en las infraestructuras digitales críticas de la Unión Europea. Esta advertencia llega después de que la Comisión Europea haya planteado hacer obligatorias las recomendaciones de seguridad para las redes 5G que Bruselas impulsa desde hace años de forma voluntaria, con resultados desiguales entre los Estados miembro.
Aunque ambas organizaciones coinciden en la necesidad de reforzar la protección de las redes, sostienen que el enfoque propuesto por Bruselas dificultaría las inversiones que el sector debe acometer en los próximos ejercicios.
Por una parte, GSMA ha destacado que "en tiempos de fricción geopolítica" y con un "panorama de riesgos en constante evolución", las operadoras llevan a cabo "inversiones sustanciales" para asegurar la seguridad y la resiliencia de la infraestructura digital europea.
No obstante, la asociación considera que aplicar la propuesta comunitaria, que supondría la exclusión obligatoria de proveedores considerados de alto riesgo como Huawei o ZTE, acarrearía unos "costes sustanciales" que mermarían los recursos destinados a la modernización de las redes y a las mejoras de conectividad previstas.
"Compartimos el objetivo de la Comisión de reforzar la ciberseguridad europea. Sin embargo, estas medidas deben basarse estrictamente en los riesgos y ser operativamente viables, reforzando la gestión de riesgos de ciberseguridad, manteniendo al mismo tiempo una conectividad de alta calidad y la evolución continua de la red. Las revisiones propuestas a la Ley de Ciberseguridad dificultan este proceso y, en última instancia, podrían socavar la capacidad de los operadores europeos para modernizar las redes a buen ritmo y cumplir con las ambiciones de conectividad del continente", ha remarcado la GSMA.
La organización sectorial también ha insistido en que cualquier normativa sobre seguridad de la cadena de suministro debe ser precisa, adaptada a los distintos tipos de equipos y ofrecer certidumbre a largo plazo a los operadores.
En esta línea, ha recordado que no todos los componentes de los sistemas de telecomunicaciones tienen el mismo grado de sensibilidad y que, por ello, a su entender, resultan "innecesarios y desproporcionados los enfoques generales".
"Además de la falta de proporcionalidad de las medidas propuestas, los plazos poco realistas pueden provocar una interrupción significativa de los servicios para los usuarios, así como un elevado coste adicional", ha agregado la GSMA, advirtiendo de posibles impactos directos en la calidad del servicio.
En paralelo, Connect Europe se ha posicionado en términos similares y ha alertado sobre "políticas que debilitarían significativamente al mismo sector que pretenden proteger".
"Los operadores de telecomunicaciones se enfrentan a importantes requisitos de inversión para completar el despliegue de 5G y fibra, mientras que las condiciones regulatorias actuales y la falta de escala limitan su capacidad de inversión. En este contexto, Connect Europe advierte de que la adopción del actual borrador de la Ley de Ciberseguridad agravará la carga impuesta al sector, con multimillonarios costes regulatorios adicionales que probablemente se subestimen", ha remarcado la entidad.
La asociación ha añadido que, si las restricciones previstas no se acompañan de medidas compensatorias, como mecanismos de reembolso, el efecto sobre el despliegue de las redes, su continuidad operativa y la planificación de las inversiones sería claramente negativo.
"Connect Europe insta a los legisladores de la UE a corregir la propuesta de la CSA durante el proceso legislativo y garantizar que ofrezca resultados de seguridad efectivos sin comprometer la competitividad digital de Europa", ha resaltado la organización.
Huawei denuncia vulneración de principios jurídicos de la UE
"VIOLA LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LA UE"
"Una propuesta legislativa para limitar o excluir a los proveedores no pertenecientes a la UE basándose en el país de origen, en lugar de en pruebas objetivas y normas técnicas, viola los principios jurídicos básicos de la UE de equidad, no discriminación y proporcionalidad, así como sus obligaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", han indicado a Europa Press fuentes oficiales de Huawei.
La compañía china ha añadido que seguirá con atención el desarrollo del expediente legislativo y ha advertido de que se reserva "todos los derechos" para proteger sus "intereses legítimos".
"Como empresa que opera legalmente en Europa, Huawei seguirá proporcionando productos y servicios seguros y fiables. Seguiremos de cerca la evolución del proceso legislativo y nos reservamos todos los derechos para salvaguardar nuestros intereses legítimos", ha subrayado la multinacional.