QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La tramitación de la ley promovida por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para ordenar los alquileres de temporada y de habitaciones, que fue tomada en consideración hace un año, ha quedado prácticamente paralizada en el Congreso tras el bloqueo anunciado por Junts a la iniciativa legislativa del Gobierno, por lo que habrá que aguardar a 2026 para comprobar si finalmente sale adelante.
El objetivo central de la norma es incorporar los contratos temporales a la Ley de Arrendamientos Urbanos, de forma que queden equiparados a los de vivienda habitual, desincentivar su utilización como vía de escape y someterlos igualmente a las directrices de la Ley de Vivienda del 2023, de las que en este momento quedan al margen.
El Congreso de los Diputados admitió a trámite esta proposición de ley en diciembre de 2024 y no fue hasta casi doce meses después, en noviembre de 2025, cuando se reactivó su recorrido parlamentario con la convocatoria de la ponencia encargada de estudiar las enmiendas presentadas por los distintos grupos al articulado.
El apoyo del PSOE y el PNV no es suficiente
El arranque de esta fase coincidió con el anuncio de Junts de oponerse al conjunto de la iniciativa del Gobierno. Con todo, el texto consiguió superar el examen en ponencia gracias al respaldo del PSOE y del PNV, quedando preparado para su debate en la Comisión de Vivienda.
Según explican fuentes parlamentarias, algunos de los grupos impulsores plantearon que dicha comisión asumiera competencia legislativa plena sobre la proposición, de modo que, si se aprobaba en ese órgano, se remitiera directamente al Senado sin pasar por el Pleno.
La razón es que, a diferencia de lo que ocurre en el Pleno, donde PP, Vox y Junts alcanzan la mayoría absoluta, en la Comisión de Vivienda el texto sí reúne apoyos suficientes para salir adelante, ya que PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos (que en este órgano dispone del voto del Grupo Mixto) suman 19 votos frente a los 18 de PP, Vox y Junts.
Incluso se llegó a barajar la convocatoria de esa comisión antes de que se decidiera la avocación al Pleno, con la intención de remitir el proyecto al Senado sin que pasara por el conjunto del hemiciclo. Sin embargo, esta operación quedó frustrada porque la presidencia de la Comisión de Vivienda, responsable de fijar las reuniones, está en manos del PP, que no accedió a facilitar este movimiento.
Una vez descartada esa vía, en la última sesión plenaria el Congreso aprobó que el texto quedara avocado al Pleno, de manera que, cuando la proposición se apruebe en comisión —para lo que aún no hay fecha—, deberá elevarse obligatoriamente al Pleno.
En este escenario, los grupos que impulsan la ley se ven abocados a intentar convencer a Junts para que retire su veto, algo que se antoja difícil por la ruptura con el Gobierno y porque la formación catalana se ha mostrado siempre muy crítica con la regulación de los alquileres de habitaciones, al entender que estos no pueden considerarse una vivienda como tal.
