QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La normativa que el Gobierno y Junts acordaron para requerir que las grandes empresas ofrezcan atención al cliente en las diversas lenguas cooficiales del Estado encara un nuevo trámite en el Congreso, pasando esta semana por comisión.
El acuerdo se sitúa dentro de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que ya ha superado tres encuentros a puerta cerrada en fase de ponencia y ahora será examinado en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo en una sesión pública el próximo miércoles, 29 de octubre.
En esta sesión, se introducirán nuevas enmiendas al texto y posteriormente se votará el dictamen resultante. Si se aprueba, el texto ascenderá al Pleno para su aprobación final en la Cámara Baja.
CRUCE DE VERSIONES CON JUNTS
Ya en su fase por ponencia, el proyecto liderado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de Pablo Bustinduy ha visto modificaciones a través de enmiendas de diferentes grupos parlamentarios.
Una de las modificaciones más relevantes ha sido la obligación de que empresas con más de 250 trabajadores, más de 50 millones de euros en facturación o que ofrezcan servicios de interés general, proporcionen atención al cliente en las diferentes lenguas cooficiales del Estado.
Junts comunicó un acuerdo con el Gobierno para establecer esta obligatoriedad, asegurando que la medida sería efectiva sin importar el lugar de actividad de la empresa. No obstante, el Ministerio de Pablo Bustinduy tuvo que precisar que la medida solo se aplicaría en las comunidades bilingües. Finalmente, en la ponencia se ha introducido un cambio para delimitar la medida a solo las comunidades autónomas bilingües y no a todo el territorio, como querían los independentistas.
LÍMITE GEOGRÁFICO
La enmienda transaccional incorporada al texto, también acordada con Bildu y BNG, establece que a petición del consumidor o usuario ubicado en comunidades autónomas con varias lenguas oficiales, se garantizará la atención en el idioma oficial solicitado, siempre que la empresa opere en aquellas comunidades que tengan una lengua oficial distinta al castellano y que la lengua utilizada sea oficial en dicha comunidad.
Además, se ha añadido otra modificación a la normativa para asegurar que las consultas, quejas, reclamaciones o incidencias de las empresas que operen en comunidades autónomas con lengua oficial distinta al castellano se efectúen en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales, cuando el servicio de atención al cliente sea dirigido a clientes situados en comunidades con lenguas cooficiales.
Estos cambios especifican la medida que Junts acordó con el Gobierno, pues hasta ahora no había ninguna restricción geográfica en el texto y solo se requería a las empresas equiparse adecuadamente para garantizar los derechos lingüísticos de la clientela y ofrecer la formación específica previa en idiomas cooficiales.
PROHIBIR EL SPAM
Se espera que en su paso por comisión se introduzca una enmienda para prohibir las llamadas spam usando códigos alfanuméricos que permitirán a las compañías telefónicas bloquear llamadas comerciales no consentidas. Otro de los objetivos del texto es declarar nulos todos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas, obligando también a las empresas a renovar el consentimiento cada dos años.
Además, se busca obligar a las empresas a notificar con quince días de antelación la fecha en la que se producirá la renovación automática de un servicio o suscripción contratado de forma online, así como a facilitar la baja voluntaria en caso de que se desee.
Finalmente, se abordará el tema de las reseñas falsas en internet, ofreciendo a la empresa afectada la posibilidad de responder y de solicitar la eliminación de la misma cuando pueda demostrar que no es real.
