La Ley de Servicios de Atención al Cliente, que exige entre otros aspectos que las grandes empresas ofrezcan atención en las distintas lenguas cooficiales, encara esta semana su último trámite en el Congreso antes de ser enviada al Senado para su posterior tramitación.
En detalle, el Pleno deberá determinar si aprueba el texto que incluye la reforma acordada por el Gobierno y Junts, la cual obliga a las empresas con más de 250 empleados y una facturación superior a 50 millones de euros, o que ofrezcan servicios de interés general, a proporcionar atención al cliente en las diversas lenguas cooficiales del país.
Este proyecto, promovido desde el Ministerio de Consumo bajo la dirección de Pablo Bustinduy, tiene como meta que el 90% de las llamadas a grandes empresas sean respondidas en menos de tres minutos y eliminar los sistemas automatizados como único medio de atención al cliente.
A pesar de que Junts ha anunciado un bloqueo a la actividad legislativa del Gobierno, la formación catalana ha confirmado su apoyo a esta ley, ya que previamente se había llegado a un acuerdo. «se asegurará la atención en el idioma oficial que se solicite, siempre y cuando la empresa preste servicios en aquellas comunidades autónomas que disponen de lengua oficial diferente al castellano y la lengua utilizada sea oficial en dicha comunidad autónoma».
Además, se ha pactado una enmienda entre el PSOE, Sumar y ERC para incluir en la Ley de Juego de 2011 a los «personajes de relevancia o notoriedad pública», quienes deberán ser reconocidos ampliamente por la sociedad o por grupos específicos según sus intereses o profesiones.
Otra medida importante es que los operadores de juegos solo podrán aceptar medios de pago nominativos y deberán mantener cuentas bancarias separadas en España para gestionar los fondos de los jugadores, incluyendo depósitos y premios.
Finalmente, el registro de proveedores de juego será obligatorio para todos aquellos que ofrezcan servicios o componentes técnicos de juegos a operadores con licencia en España, y se impondrán restricciones a las llamadas comerciales no autorizadas, incluyendo la anulación de contratos cerrados a través de estas llamadas.