Los Estados miembro de la Unión Europea han dado este miércoles su visto bueno a una serie de ajustes destinados a reforzar los mecanismos de control del nuevo sistema europeo de comercio de emisiones, cuya aplicación arrancará en 2028, con la meta de evitar incrementos del coste del CO2 y aportar mayor estabilidad y previsibilidad en sus primeros años de vida.
En su reunión, los embajadores de los Veintisiete han refrendado la posición del Consejo sobre una revisión de la reserva de estabilidad del mercado del sistema, denominado ETS2, que fijará un precio a las emisiones procedentes de los combustibles empleados en edificios, transporte por carretera y otros sectores afectados.
Tras este respaldo político, el documento pasa ahora a la fase de negociación con el Parlamento Europeo, que deberá definir primero su postura para que ambas instituciones puedan alcanzar posteriormente un acuerdo definitivo sobre la reforma.
Las modificaciones acordadas buscan contener posibles repuntes en el nuevo mercado de carbono mediante la liberación de un volumen adicional de derechos cuando el precio del CO2 rebase los 45 euros por tonelada --a precios de 2020--, lo que podría permitir poner en circulación hasta 80 millones extra al año.
La revisión prevé además que la puesta en el mercado de estos derechos sea más progresiva a medida que se reduzca el volumen disponible, con el objetivo de evitar cambios bruscos en la oferta y sostener una mayor estabilidad del sistema.
Aunque la actualización no altera la arquitectura básica del ETS2, sí prolonga la vigencia de la reserva más allá de 2030 y mantiene accesibles los 600 millones de derechos que se encuentran actualmente almacenados para su posible uso en el futuro.
La propuesta de la Comisión ha sido adoptada sin cambios y da respuesta a una iniciativa presentada en julio del año pasado por 19 Estados miembro que reclamaban una implantación más gradual y fluida del sistema.
Aprobado en 2023, el ETS2 obligará a los distribuidores de combustibles a adquirir derechos equivalentes a las emisiones generadas por los productos que comercializan, dentro de un esquema en el que el tope total de derechos se reducirá anualmente para acelerar la descarbonización y lograr una disminución del 42 % en 2030 en comparación con los niveles de 2005.