Los Veintisiete han cerrado este viernes su postura común sobre la actualización del fondo europeo de investigación para el carbón y el acero, en la que se inclinan por alargar hasta 2034 la vigencia de este mecanismo con el que la Unión Europea respalda proyectos de I+D en estos sectores, frente a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que planteaba limitarlo a 2030.
Con la posición acordada por el Consejo (los gobiernos de los Estados miembro) se abre la puerta a movilizar hasta 120 millones de euros anuales para iniciativas dirigidas a modernizar los procesos productivos y recortar las emisiones de la industria del carbón y del acero, lo que supondría una inversión total cercana a 800 millones de euros durante el periodo ampliado.
La revisión del instrumento --que todavía debe ser objeto de negociación con el Parlamento Europeo-- introduce además cambios en los requisitos de acceso a las subvenciones y eleva la intensidad de la ayuda comunitaria, que podrá sufragar hasta el 70% de los costes en el caso de las empresas y hasta el 100% para pymes, 'startups' y universidades.
El entendimiento alcanzado por los Estados miembro define la posición del Consejo sobre la reforma del fondo, estructurada en dos decisiones jurídicas diferenciadas: una se refiere a la utilización de los activos financieros procedentes de la antigua Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y la otra fija las disposiciones técnicas y financieras que regirán su operativa en los próximos años.
El fondo se alimenta de los intereses generados por esos activos de la extinta CECA, disuelta en 2002, lo que le permite contar con una base jurídica propia y funcionar al margen del marco financiero plurianual de la Unión Europea.
Para que el nuevo esquema jurídico sea definitivo será necesario ahora el visto bueno del Parlamento Europeo en una de las decisiones y su consulta preceptiva en la otra, antes de su adopción formal y de que pueda empezar a aplicarse, algo que se prevé para enero de 2027.