El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (ECA, por sus siglas en inglés) considera “inalcanzable” el objetivo de concluir las conexiones prioritarias de transporte comprometidas por la UE para 2030, incluida la Y vasca del Corredor Atlántico que debe unir España con el resto de Europa a través de los Pirineos; al tiempo que ha alertado de que los costes reales de la red prioritaria se han disparado.
“Las perspectivas en 2025 son peores que las de 2020 y están muy lejos de lo que se había previsto inicialmente”, advierten los auditores en su informe sobre el ritmo de desarrollo de la red básica transeuropea de transporte (RTE-T), que incluye ocho “megaproyectos”, incluidos los corredores del Atlántico y del Mediterráneo, de especial interés para España.
En una rueda de prensa este lunes, la responsable de la evaluación de la ECA, Annemie Turtelboom, ha insistido en que la mayoría de los proyectos están “lejos de su inauguración tres décadas después de que fueran diseñados”, lo que lastra el objetivo de mejorar los flujos de pasajeros y mercancías por ferrocarril en toda la Unión.
Preguntada por los retrasos concretos en el Corredor Atlántico para unir los dos lados de los Pirineros, la representante del Tribunal de Cuentas Europeo ha concedido que el Ejecutivo comunitario tiene “poderes limitados” para presionar a los Estados miembro, aunque cree que podría “hacer más”.
El estudio señala un fuerte aumento de los costes reales de los proyectos y estima en un 82% la crecida de la inversión prevista con respecto a las cifras de los cálculos iniciales. Según los datos ofrecidos por la ECA, los proyectos de la RTE-T han recinido 7.900 millones de euros adicionales en fondos europeos desde la evaluación anterior, en 2020, lo que eleva la inversión desembolsada hasta ahora a 15.300 millones.
En el caso del enlace de la Y vasca con Francia, el retraso oficial suma ya 20 años con respecto a la fecha estimada iniciamente porque la ECA recoge 2030 en el nuevo calendario, que ya considera irrealizable. Sin embargo, en 2023 el Gobierno francés optó por aplazar las inversiones en las conexiones transfronterizas para priorizar las interiores, lo que apunta a un retraso mayor en esta conexión hasta al menos 2042, que no queda recogido en el informe de los auditores europeos.