Las asociaciones de trabajadores por cuenta propia ATA y UPTA han valorado este miércoles de forma positiva que la Comisión Europea haya optado por denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado aún a su normativa la directiva comunitaria que permitiría a los autónomos dejar de pagar y declarar el IVA cuando su facturación anual no supere los 85.000 euros.
La directiva europea, que debía estar en vigor desde el 1 de enero de 2025, contempla la creación del denominado IVA franquiciado, un régimen pensado para autónomos y pequeños negocios con menor volumen de ingresos, con el objetivo de simplificar sus obligaciones con Hacienda, reducir la burocracia y mejorar su liquidez.
Este modelo se negoció durante meses entre las organizaciones de autónomos y el Ministerio de Hacienda, pero el Ejecutivo finalmente no puso en marcha ninguna reforma pese a las reiteradas advertencias procedentes de Bruselas.
“A fecha de hoy, el Gobierno de España sigue sin adoptar ninguna medida legislativa para trasponer la directiva europea 2020/285. La normativa española carece de un régimen general de franquicia del IVA basado en un umbral de facturación. Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros”, ha denunciado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Amor ha indicado que la ausencia de un umbral de exención claramente definido y la falta de mecanismos específicos de control y registro para la gestión del impuesto “son dos de los obstáculos principales que llevan a los autónomos a vivir con inseguridad legislativa”.
El responsable de ATA ha insistido en que España está “discriminando” a sus autónomos frente al resto de países de la UE que sí han traspuesto esta norma, y ha calculado que la aplicación del IVA franquiciado podría suponer hasta 600 euros de ahorro anual en trámites y costes administrativos para cada profesional.
ATA presentó en enero una queja formal contra el Gobierno ante la Comisión Europea por no haber traspuesto ni aplicado esta directiva en lo relativo al régimen especial de exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas. Tras este paso, Bruselas ha comunicado hoy que solicitará al TJUE la imposición de una multa a España por no haber cumplido los plazos de aplicación de la directiva.
“El Gobierno es lento y perezoso es trasponer directivas que facilitan la labor a los autónomos y pequeños empresarios pero es ágil cuando son directivas que significan recaudar más”, ha criticado Amor, que confía en que el Tribunal europeo se pronuncie con rapidez.
UPTA insiste en que el IVA de franquicia es imprescindible
Desde UPTA han apuntado que, de acuerdo con los cálculos del sector, más de un millón de autónomos en España podrían acogerse a este régimen simplificado del IVA, “lo que supondría un importante alivio administrativo para los profesionales con menor volumen de facturación”.
La organización que encabeza Eduardo Abad ha remarcado en una nota que la puesta en marcha del IVA de franquicia forma parte del paquete de cambios fiscales que el colectivo lleva tiempo reclamando, con la vista puesta en un sistema tributario “más sencillo, estable y adaptado a la realidad del trabajo autónomo”.
“El IVA de franquicia no es un capricho ni una medida menor. Es una necesidad para miles de autónomos que llevan años reclamando una fiscalidad más sencilla y adaptada a la realidad de los pequeños negocios, y el Ministerio de Hacienda se equivocó al no ponerlo en marcha cuando ya estaba acordado con las organizaciones representativas del colectivo. El Gobierno debe retomar este compromiso, cumplir con Europa y, sobre todo, cumplir con los autónomos”, ha recalcado Abad.