La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), una de las mayores organizaciones de transportistas del país, ha alertado de que el Ministerio de Hacienda “podría regalar injustamente” más de 5.000 millones de euros a las compañías petroleras por las devoluciones del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, a pesar de que, según recuerdan, fueron los consumidores quienes abonaron efectivamente dicho gravamen.
En una sentencia de 21 de enero consultada por Europa Press, el Tribunal Supremo estima un recurso de casación de Galp Energía España y reconoce a la empresa el derecho a recuperar 155,43 millones de euros ingresados indebidamente por ese tributo, además de los intereses legales correspondientes.
El Alto Tribunal determina que el sujeto que soportó el impuesto por repercusión legal (en este caso, Galp) está facultado para solicitar la devolución de ingresos indebidos. Solo se excluye esta posibilidad si se demuestra que trasladó el coste del impuesto a sus clientes de forma que quedara compensado el perjuicio económico, pero la carga de esa prueba recae en la Administración y no puede sustentarse en presunciones ni en exigir al contribuyente que acredite un hecho negativo.
Este aspecto es el que Fenadismer cuestiona con mayor dureza, reprochando a Hacienda su actitud “pasiva” al no demostrar que las petroleras repercutieron el impuesto a los consumidores finales. La patronal incide en que las compañías no tienen la obligación de probar que no trasladaron el tributo para que el Estado les reintegre las cantidades cobradas.
“Esto posibilitará a las petroleras obtener como regalo un pelotazo superior a los 5.000 millones de euros por parte del Ministerio de Hacienda, mientras que, paradójicamente, los transportistas y demás consumidores no llegarán previsiblemente a recuperar absolutamente nada pese a ser los que lo soportaron de forma efectiva, generándose una vez más una situación de verdadero enriquecimiento injusto”, afirma Fenadismer en un comunicado.
En mayo de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contrario al Derecho comunitario el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos que estuvo en vigor entre 2013 y 2018. La resolución del Supremo relativa al recurso de Galp se refiere específicamente a las cantidades abonadas entre mayo de 2013 y diciembre de 2014.