Miles de personas han recorrido este viernes las calles de Gijón en una manifestación del 1 de Mayo, Día del Trabajador, convocada por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT. Durante la marcha se han reclamado incrementos salariales y la garantía efectiva del derecho a la vivienda, junto a otras reivindicaciones laborales y sociales.
La protesta ha tenido lugar bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”. La columna ha partido de la Plaza de Toros, ha avanzado por la Avenida de la Costa y ha concluido en el Paseo de Begoña, donde se han leído los principales mensajes sindicales.
Los convocantes han subrayado que “frente a quienes pretenden dividirnos, enfrentarnos y levantar trincheras, el movimiento sindical responde con más derechos, más cohesión social y más democracia”. En este sentido, han exigido salarios dignos, vivienda asequible, reducción de la jornada laboral, mejoras en la salud en el trabajo, servicios públicos sólidos y una democracia “que no deje a nadie atrás”.
El secretario general de CCOO de Asturias ha defendido que ha llegado el momento de “avanzar en derechos e igualdad para que la ultraderecha retroceda, y eso se hace subiendo los salarios, reduciendo la jornada de tiempo de trabajo, y garantizando la seguridad y salud de los trabajadores”. En declaraciones difundidas por Radio Asturias y recogidas por Europa Press, ha pedido a la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) que asuma su responsabilidad. “En España no hay absentismo, en España lo que hay es un problema de salud laboral”, ha recalcado.
Por su parte, el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha recordado que los avances sociales en España han sido fruto de la acción sindical y de la negociación colectiva. Ha remarcado que “todo el mundo sabe que los derechos que se han conseguido en este país los han conseguido los trabajadores, los sindicatos y han sido fruto de la negociación colectiva” y que “detrás de cada hito que se ha conseguido, de cada derecho que se ha arrancado, ha habido un sindicato”.
En la marcha han participado también representantes del Gobierno del Principado. El consejero de Movilidad, el socialista Alejandro Calvo, ha señalado que “nos parece muy importante que acompañemos los partidos de la izquierda desde el gobierno a los sindicatos de clase y a los trabajadores en un momento donde es necesario más que nunca defender lo logrado durante muchas décadas de democracia pero que parece que está en riesgo”.
Las organizaciones convocantes han insistido en la necesidad de proteger la calidad democrática en un contexto que consideran “decisivo” y en el que “están en juego” las condiciones de vida de la clase trabajadora. En un manifiesto conjunto, han reiterado que, ante quienes buscan “levantar trincheras”, el sindicalismo responde con “más derechos, más cohesión social y más democracia”.
Asimismo, han advertido de un escenario internacional marcado por la inestabilidad y los conflictos bélicos, denunciando que determinadas administraciones autárquicas “están erosionando el equilibrio del orden internacional”. Han reclamado el cumplimiento estricto del derecho internacional como vía para asegurar la paz y han subrayado que “no puede existir una doble vara de medir en la defensa de los derechos humanos”, exigiendo depurar responsabilidades por crímenes de lesa humanidad.
En relación con la situación política interna, los sindicatos han alertado sobre el avance de posiciones reaccionarias y han avisado de que la expansión de partidos de ultraderecha alimenta un clima de “crispación y polarización política”. A su juicio, estos mensajes impulsan una “deriva peligrosa” que debe ser frenada de forma colectiva, puesto que “sin diversidad no hay democracia” y, por tanto, “sin democracia no hay derechos laborales”.
En el ámbito de las políticas públicas, las centrales han trasladado al Gobierno su propuesta de un Pacto de Estado por la Emergencia Climática y han descrito la situación de la vivienda como una “emergencia social” que no puede tratarse como un activo especulativo. Han reclamado una intervención decidida de las administraciones para asegurar un hogar digno, especialmente para la población joven, recordando que “sin vivienda, no hay proyecto de vida”.
Por último, las organizaciones sindicales han defendido la necesidad de consolidar las reformas progresistas mediante una plataforma unitaria que incluya cambios en la regulación del despido y el refuerzo de la negociación colectiva para “repartir la riqueza y mejorar salarios”. También han sostenido que la digitalización y la inteligencia artificial deben ponerse al servicio de la clase trabajadora, de modo que los incrementos de productividad se traduzcan en “más derechos, no en mayor precariedad o control empresarial”.