En un esfuerzo por agilizar y optimizar la asignación de los fondos europeos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, bajo la dirección del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, está colaborando con la Comisión Europea. El objetivo es implementar procedimientos más sencillos para justificar la distribución de las ayudas económicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en las regiones españolas, tal como se comunicó en la reciente Conferencia Sectorial de Energía.
Durante este encuentro, que tuvo lugar el lunes, Groizard enfatizó ante las autoridades regionales la importancia de acelerar tanto la gestión como la justificación de las subvenciones otorgadas a individuos y corporaciones, las cuales deben estar finalizadas antes del término del primer semestre de 2026, cumpliendo así con los requisitos de la normativa europea, según se informó en un comunicado oficial del Ministerio.
Además, en la Conferencia se revisaron los avances en la ejecución de programas específicos como el Moves III y el de autoconsumo. El Ministerio, liderado por Sara Aagesen, señaló que las regiones han adaptado los procesos administrativos a sus necesidades y han utilizado el 5% del presupuesto para mejorar sus capacidades administrativas. No obstante, se observaron grandes diferencias en el nivel de verificación de las ayudas, con casos que reportaron hasta un 91% de verificación y otros que apenas alcanzaron el 3%.
Groizard también hizo un llamado a las comunidades autónomas para que colaboren en la implementación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, destacando la necesidad de ampliar la cobertura del bono social para que llegue a todos los hogares elegibles, dada la disparidad actual entre regiones.
Adicionalmente, la Conferencia abordó temas críticos como la revisión del calendario para el cese de operaciones de las centrales nucleares, la crisis eléctrica del 28 de abril y la evolución de los costos de la electricidad. Finalmente, se decidió posponer la distribución de dos líneas de ayudas de 500 millones de euros destinadas a mejorar la eficiencia energética en Pymes y grandes empresas de los sectores industrial y terciario, una decisión tomada tras revisar una propuesta presentada en septiembre.











