QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha señalado que el Real Decreto que regula los avales públicos para propietarios que arrienden viviendas a menores de 35 años o a personas vulnerables, y que cubre impagos de renta, desperfectos en el inmueble y recibos de suministros pendientes, presenta importantes limitaciones. La entidad advierte además de que se está recurriendo a medidas que son “simples parches” y cuya eficacia “está por demostrar”.
En una nota informativa, OCU detalla que una de las principales trabas son las condiciones de acceso: el aval solo podrá aplicarse a contratos firmados con inquilinos menores de 35 años o catalogados como vulnerables, y siempre que las rentas no excedan el índice estatal de referencia, un umbral que, según subraya, queda muy por debajo de los precios que se pagan realmente en numerosas capitales y grandes municipios.
La organización también incide en que la cobertura está acotada en el tiempo, dado que el esquema de avales se restringe a contratos que sigan vigentes a 30 de enero de 2025. A ello suma la falta de agilidad administrativa, ya que la tramitación recaerá en las comunidades autónomas, que deberán adelantar los recursos económicos y recibirán la compensación estatal meses después, un diseño que, a juicio de OCU, puede demorar de forma significativa la aplicación efectiva del sistema.
Ante este escenario, la asociación de consumidores sostiene que la protección de los hogares en situación vulnerable requiere actuaciones “serias y estructurales”. Entre ellas, cita el incremento sustancial del parque de vivienda protegida y de la oferta residencial en general; el refuerzo de la seguridad jurídica de los pequeños propietarios para que puedan recuperar sus inmuebles en plazos razonables; la concentración de la suspensión de desahucios en supuestos de verdadera necesidad, acompañada de una compensación inmediata a los arrendadores afectados; y la dotación adecuada de recursos a los servicios sociales de comunidades autónomas y ayuntamientos.
“A medio y largo plazo, es imprescindible corregir los desequilibrios territoriales y afrontar el déficit de vivienda”, han destacado desde OCU, insistiendo en que sin estas reformas de fondo el problema del acceso a la vivienda seguirá agravándose.
Los datos demográficos y del mercado inmobiliario que maneja la organización apuntan en la misma dirección. Entre octubre de 2022 y octubre de 2025, la población residente en España ha aumentado en 1,5 millones de personas, mientras que en ese mismo periodo solo se han finalizado 274.500 viviendas de nueva construcción. Este desajuste entre demanda y oferta ha contribuido, según recuerda OCU, a que el precio de la vivienda se haya encarecido un 12,8% en el tercer trimestre de 2025.
Desde la organización lamentan que la vivienda “siga sin ser una prioridad real para los gobernantes y representantes políticos” y denuncian igualmente la ausencia de acuerdos amplios para abordar una reforma de la Ley del Suelo que permita impulsar un desarrollo urbanístico más equilibrado y aumentar el número de viviendas disponibles.
