QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ejecutivo panameño ha recurrido a la contratación de asesores jurídicos para enfrentar la demanda de arbitraje presentada por Sacyr, que exige hasta 1.700 millones de euros por los costes adicionales generados en las obras de expansión del Canal de Panamá llevadas a cabo de 2009 a 2016.
En detalle, el Gobierno panameño desembolsará hasta 6,5 millones de dólares (5,6 millones de euros) a la firma de abogados estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer para su representación legal en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), instancia donde se resolverá el arbitraje.
Este contrato es el resultado de varios años de disputas legales entre Panamá y el consorcio GUPC, liderado en un 41,6% por Sacyr, tras una adjudicación inicial de 3.200 millones de dólares que terminó costando casi el doble, 5.580 millones.
Ya en 2020, Manuel Manrique, presidente de Sacyr, mencionó que este tema era «una historia del pasado de la compañía», buscando cerrar el capítulo, y en recientes reuniones de accionistas enfatizó que «Solo podemos obtener ganancias», asegurando que todos los posibles efectos negativos ya están cubiertos.
Aun así, la magnitud de esta obra, considerada la más grande del siglo XXI, sigue teniendo repercusiones y Panamá se prepara legalmente para enfrentar las recientes demandas de Sacyr.
En la Uncitral (Cnudmi en inglés) se está gestionando un arbitraje iniciado por Sacyr, sin la participación de sus socios Webuild de Italia y Jan de Nul de Bélgica, y se estima que la reclamación oscila entre 1.000 y 2.000 millones de dólares (861 y 1.723 millones de euros).
Este conflicto se rige por el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproco de Inversiones entre España y Panamá, debido a que Sacyr atribuye la responsabilidad de las obras a la República de Panamá, algo que el estado panameño disputa.
Recientemente, en 2022, el consorcio logró recuperar 250 millones de dólares en garantías y el Tribunal Supremo de EE.UU. desestimó un recurso del consorcio contra un pago de 265 millones de dólares que debió realizar a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en 2020.
