El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado a la Corte Constitucional que deje sin efecto la suspensión provisional del decreto de emergencia económica y social, con el fin de disponer de recursos para atender contingencias imprevistas, entre ellas las inundaciones que han golpeado a la región de Córdoba y que han dejado a 140.000 personas afectadas.
Durante su intervención en el Consejo de Ministros, el jefe de Estado expresó su malestar por la falta de recursos disponibles. “El problema es que no tenemos plata porque el Congreso quitó la Ley de Financiamiento”, lamentó, al recordar que el Ejecutivo esperaba obtener 16.300 millones de pesos (unos 3.700 millones de euros) mediante dicha norma para poder completar el presupuesto correspondiente a 2026.
Petro cuestionó que el país carezca de fondos para responder a situaciones inesperadas y subrayó que fue la propia Corte Constitucional la que anuló una parte sustancial de la reforma tributaria aprobada en 2022 “para salvar las utilidades [beneficios] de carboneros y petroleros, exclusivamente. Y después vino el Congreso y tumbó la primera y la segunda Ley de Financiamiento”. A su juicio, estas decisiones han limitado la capacidad fiscal del Estado para hacer frente a emergencias como la actual.
Tras el pronunciamiento de la Corte sobre el decreto de emergencia, el Ejecutivo colombiano analiza alternativas para reforzar sus ingresos. Tal y como adelantó a finales de enero el viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, el Gobierno estudia la presentación de nuevas leyes tributarias de carácter ordinario con el objetivo de obtener recursos corrientes que permitan financiar las necesidades más urgentes.