El PNV y Junts se han apartado este martes de una iniciativa registrada por el PSOE con la que los socialistas pretendían reforzar los sistemas de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida, con el objetivo de evitar posibles prácticas corruptas como las que se investigan en ayuntamientos del PP como Alicante, Málaga, Alcira o Logroño.
La propuesta figura en una proposición no de ley defendida en el Pleno del Congreso por el diputado del PSOE Víctor Camino, quien desde la tribuna ha afeado que, mientras alrededor de medio millón de ciudadanos aguardaban para acceder a una vivienda pública, un militante del PP resultó beneficiado "con un pisito en la primera promoción pública de Alicante en 20 años".
"Qué casualidad, qué suerte, mientras 76.000 valencianos y valencianas hacían su cola ordenadamente", ha lanzado Camino en la Cámara Baja, subrayando la necesidad de garantizar la protección del parque público de vivienda frente a cualquier uso irregular.
En una línea similar se ha expresado el diputado de Sumar Toni Valero, que ha criticado que, en plena situación de emergencia habitacional, responsables del PP "se han repartido vivienda protegida". "Al final va a resultar que el requisito para acceder a una VPO no es el nivel de renta, es tener el carné del PP", ha reprochado durante su intervención.
El PNV rechaza la iniciativa del PSOE
En el turno de fijación de posiciones, la representante de Coalición Canaria ha avanzado su apoyo al texto socialista, mientras que la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha dejado claro que su grupo no respaldará la proposición.
La diputada nacionalista ha indicado que coincide con algunos aspectos, como la defensa de que las viviendas protegidas conserven de forma permanente su calificación, pero ha mostrado su rechazo a otros puntos, en particular a la creación de nuevos mecanismos de supervisión y control en el ámbito de las comunidades autónomas.
También desde el plano competencial ha planteado objeciones la diputada de Junts Marta Madrenas. "Proponen mecanismos de más burocratización y de recentralización, registros de demandantes, inventarios públicos, registros de sueldos, mecanismos estatales de supervisión; siempre igual, más recentralización desde Madrid", ha denunciado durante su intervención en el hemiciclo.
Por Esquerra Republicana (ERC), Etna Estrems ha señalado que, aunque comparte la necesidad de reforzar la transparencia y los controles en la adjudicación de vivienda pública ante adjudicaciones presuntamente amañadas, reprocha que tras ocho años de gobiernos socialistas el parque público siga situado en torno al 3%, lejos del 10% que marca la media europea.
El PP y Vox devuelven las acusaciones al PSOE
La diputada del PP Macarena Montesinos ha replicado que las sospechas de irregularidades en adjudicaciones de VPO también afectan al PSOE, y ha aludido a las viviendas protegidas "que construyeron en Navarra y que acabaron adjudicadas a empresas vinculadas a la trama de Cerdán" o a la VPO "que le tocó" a la alcaldesa socialista y al hijo del teniente alcalde de Quart de Poblet.
El portavoz de vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha centrado su discurso en criticar las políticas de vivienda impulsadas por el PSOE desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, y ha recalcado que desde 2004 los socialistas, tanto en el Gobierno central como en distintos ejecutivos autonómicos, han prometido cerca de tres millones de viviendas que nunca llegaron a materializarse.
"La historia de la vivienda prometida y nunca entregada", ha denunciado Quero, que ha concluido su intervención asegurando que escuchar a los socialistas "dar lecciones" sobre VPO "produce entre estupor y vergüenza ajena".