Pese a la multa por fallos Igualdad renueva la confianza en Vodafone para las pulseras antimaltrato

Vodafone se impone a Orange y está a un paso de renovar el contrato de pulseras para maltratadores del Ministerio de Igualdad. El reciente fallo en la prestación del servicio, que desembocó en una multa económica, no ha pasado factura a la UTE que forma con Securitas Seguridad

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La Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Vodafone España y Securitas Seguridad ha sido nuevamente propuesta por el Ministerio de Igualdad como adjudicataria del contrato de las pulseras para maltratadores —conocido como sistema Cometa—, tras imponerse a la UTE competidora formada por Orange y Securitas Direct (ahora Verisure) y pese a los recientes problemas registrados en la prestación de este servicio.

Con esta decisión, Vodafone volvería a asumir la gestión de estas pulseras telemáticas, diseñadas para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y penas de alejamiento en casos de violencia de género y violencia sexual.

Mejor propuesta técnica y económica

Vodafone habría logrado una valoración en los criterios técnicos —entre los que se incluyen el plan de transición o la calidad del servicio de telecomunicaciones, entre otros aspectos— de 41,3 puntos sobre un máximo posible de 46, mientras que Orange se quedó en 26,7 puntos.

En el apartado económico, la UTE liderada por Vodafone presentó una propuesta de 67,5 millones de euros IVA incluido, una cifra ligeramente inferior a los 70,3 millones ofertados por la UTE encabezada por Orange.

Así, al combinar la puntuación técnica obtenida y el importe de las ofertas, la propuesta de Vodafone se sitúa por delante de la de Orange para la adjudicación definitiva de este contrato.

El servicio funciona mediante una licitación pública del Ministerio de Igualdad. El departamento saca a concurso el sistema completo de seguimiento telemático y las empresas presentan ofertas técnicas y económicas. La adjudicación se decide mediante una mesa de contratación que evalúa: criterios técnicos, fiabilidad del sistema, logística y mantenimiento, cobertura y conectividad y precio ofertado. Se trata de un contrato público administrativo del Ministerio de Igualdad, tramitado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. 

El nuevo contrato

El nuevo contrato prevé un presupuesto base de unos 71,3 millones de euros, posibilidad de alcanzar unos 111 millones con prórrogas, dispositivos de quinta generación y un aumento del parque de pulseras hasta unas 17.660 unidades.

El contrato actual ya había sido prorrogado temporalmente mientras se resolvía el nuevo concurso. El esquema habitual incluye un periodo inicial de varios años más posibles prórrogas anuales, siempre que el Ministerio las active y la adjudicataria siga cumpliendo las condiciones del pliego.

Problemas en el servicio y multa a Vodafone

Cabe recordar que el departamento dirigido por Ana Redondo impuso el pasado mes de marzo una multa de 25.285 euros a Vodafone por el fallo registrado el 11 de noviembre de 2025 en las citadas pulseras, cuando una caída tecnológica dejó parcialmente inoperativo el servicio durante unas 13 horas, afectando la monitorización telemática de agresores y víctimas de violencia de género y sexual.

La sanción se produjo tras la apertura de un expediente para examinar las incidencias detectadas en la prestación del servicio. A raíz de la investigación, se acordó aplicar una penalización económica, que se ejecutó mediante la deducción de cantidades en el contrato vigente con la empresa adjudicataria. Fue la primera sanción económica formal tras meses de polémica y de críticas porque inicialmente no se habían abierto expedientes pese a las incidencias detectadas.

El fallo obligó al Ministerio de Igualdad y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a activar protocolos extraordinarios de protección para las más de 4.500 víctimas que en ese momento utilizaban el sistema.

Además de ese episodio concreto, durante 2024 y 2025 trascendieron otras denuncias técnicas sobre las pulseras: errores de geolocalización, problemas de cobertura, dispositivos manipulables o con deficiencias de resistencia al agua e, incluso, supuestos problemas que habrían complicado procedimientos judiciales por quebrantamiento de órdenes de alejamiento.