La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) mantiene abierta una investigación por posibles irregularidades en la operación de venta de 23 inmuebles propiedad de la Comisión Europea al Estado belga en 2024, según han indicado a Europa Press fuentes comunitarias, después de los registros policiales practicados este jueves en varias oficinas de la institución en Bruselas.
“La Comisión Europea está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas y cooperará plenamente con la Fiscalía Europea y las autoridades belgas competentes en este asunto, proporcionando toda la información y la asistencia necesarias para garantizar una investigación exhaustiva e independiente”, ha señalado a Europa Press un portavoz comunitario.
Las mismas fuentes sostienen que la Comisión Europea “siguió los procedimientos y protocolos establecidos” para este tipo de transacciones y, por ello, mantiene la confianza en que la operación bajo la lupa “se llevó a cabo conforme a las normas”, aunque han optado por no ofrecer más precisiones sobre el contenido de las pesquisas.
Desde la Fiscalía Europea confirman igualmente que se están desarrollando “actividades para recabar pruebas” en el marco de una “investigación en curso”, sin aportar más detalles sobre el expediente, que se remonta al menos a 2024, cuando el Estado belga, a través del fondo soberano (SFPIM), compró un paquete de 23 edificios comunitarios por un importe cercano a los 900 millones de euros.
Los activos inmobiliarios afectados, en su mayoría situados en el barrio europeo de Bruselas, donde se encuentran las sedes de la Comisión Europea y de otras instituciones como el Consejo o el Servicio Europeo de Acción Exterior, suman entre 300.000 y 340.000 metros cuadrados de oficinas, según los datos difundidos por la prensa belga.