Repsol ha disminuido su exposición patrimonial en Venezuela hasta 276 millones de euros a cierre de 2025, por debajo de los 330 millones de euros que registraba a mitad del año pasado y de los 504 millones de euros contabilizados al término de 2024, según refleja el informe financiero anual del grupo.
La semana pasada, Estados Unidos autorizó a Repsol a retomar sus actividades y acometer nuevas inversiones en exploración y producción de hidrocarburos en Venezuela, mediante la concesión de nuevas licencias para impulsar el sector de petróleo y gas en el país caribeño, en el mayor movimiento en este ámbito desde la captura de Nicolás Maduro y la intervención en el país a comienzos de este año.
En detalle, esos 276 millones de euros corresponden principalmente a las cuentas a cobrar con PDVSA de Repsol Exploración, a la financiación concedida a Petroquiriquire y a la inversión en Cardón IV y en Petroquiriquire.
En conjunto, como deuda pendiente de cobro -incluidos los intereses de demora de la deuda comercial, totalmente provisionados-, existen cuentas comerciales con la estatal PDVSA por 3.603 millones de euros -provisiones de 3.019 millones de euros- y financiación otorgada por 947 millones de euros -provisiones de 568 millones de euros-, detalla la compañía.
Repsol indica que lleva a cabo un análisis de la recuperabilidad de sus inversiones, así como del riesgo de crédito asociado a las cuentas a cobrar a PDVSA.
En este sentido, resalta que para valorar las inversiones en el país es necesario basarse en determinadas hipótesis y asunciones -como los planes de desarrollo de los activos, el cumplimiento de los acuerdos suscritos y la evolución del entorno- que “implican juicios y estimaciones relevantes y sometidas a elevada incertidumbre”.
En cuanto a los instrumentos financieros, la petrolera explica que el cálculo de la pérdida esperada se efectúa “considerando los escenarios de flujos de efectivo previstos para el negocio, ponderados por su probabilidad estimada”. Se contemplan tres escenarios de severidad (moderado, significativo y severo) con diferentes hipótesis e impactos económicos en los flujos de caja estimados”, cuya probabilidad de ocurrencia se apoya en la información histórica de 'defaults' soberanos y en las expectativas de la dirección.
Para el caso específico de la evaluación del deterioro por riesgo de crédito en Venezuela, ha sido necesario realizar estimaciones sobre las consecuencias y la evolución de un entorno altamente incierto, lo que ha llevado a recabar la opinión de un experto independiente para contrastar los juicios de la dirección.
En 2025, el grupo ha revisado la valoración de sus inversiones contabilizadas por el método de la participación, de la financiación concedida y de las cuentas a cobrar vinculadas a sus negocios en Venezuela, y la actualización del perfil de riesgo de crédito de PDVSA y del contexto previsible de las operaciones ha derivado en el reconocimiento en la cuenta de resultados de un deterioro de las cuentas comerciales por cobrar y de la financiación otorgada por 116 millones de euros.
Además, esta revisión ha originado una pérdida registrada como parte del resultado de inversiones contabilizadas por el método de la participación por un total de 452 millones de euros -415 millones de euros por cuentas comerciales y 37 millones de euros por deterioro de inmovilizado material-.
Producción al alza en 2025
En lo relativo a la producción neta media de Repsol en Venezuela, ha alcanzado los 71.300 barriles equivalentes de petróleo al día, frente a los 67.000 barriles diarios en 2024.
Repsol opera en Venezuela desde 1993 y, en la actualidad, desarrolla sus actividades mediante participaciones en entidades licenciatarias de gas (Cardón IV y Quiriquire Gas) y en empresas mixtas de crudo (Petroquiriquire y Petrocarabobo).
El pasado 13 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la licencia 49, que permite la negociación y firma de contratos contingentes para nuevas inversiones en petróleo y gas en Venezuela, incluidas con el Gobierno, PDVSA y PDVSA entities, siempre que su ejecución quede sujeta a autorización separada de OFAC.
Ese mismo día, la Administración de Donald Trump hizo pública la licencia 50, que habilita operaciones del sector de petróleo y gas en Venezuela, incluso cuando involucren al Gobierno de Venezuela, a PDVSA y a varias compañías, entre las que se encuentra Repsol, aunque bajo ciertas condiciones, como la prohibición de transacciones con buques bloqueados o de operaciones con personas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China o entidades por ellas controladas o en 'joint venture', entre otras restricciones.
Al respecto, en su informe anual, el grupo que dirige Josu Jon Imaz señala que “sigue de cerca la evolución política e institucional del país, manteniendo contacto directo con la Administración estadounidense y venezolana, en un esfuerzo por adecuar el alcance de las actividades autorizadas de Repsol en Venezuela contribuyendo al desarrollo energético del país y adoptando las medidas necesarias con pleno respeto a la normativa internacional de sanciones aplicable”.
Por ello, pese a los cambios producidos, especialmente con la nueva licencia general del pasado 13 de febrero, recalca que, para determinar su alcance e impacto sobre los activos de Repsol en Venezuela, “será necesario el sometimiento de los contratos a la ley y al fuero de EE.UU. entre otras disposiciones, y la negociación y concreción, conforme a lo establecido en la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, de determinados términos relevantes con el gobierno de Venezuela y/o PDVSA, que entre otros aspectos establece un plazo de hasta 180 días para la adecuación de los modelos contractuales”.
De este modo, al tratarse de licencias nuevas y no de la simple reactivación de las anteriores, la compañía indica que no se han variado las hipótesis empleadas al cierre del ejercicio para analizar la recuperabilidad de la exposición patrimonial en Venezuela dentro del grupo.