La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha manifestado su confianza en que las comunidades autónomas respalden por unanimidad el reparto de los fondos del nuevo plan estatal de vivienda, con el fin de que los 7.000 millones de euros previstos "sean una realidad".
Rodríguez ha realizado estas declaraciones ante los medios antes de intervenir en la conferencia sectorial en la que se somete a aprobación, junto a las comunidades, la distribución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ya pactado con las CCAA, y que busca activar sus efectos a partir del segundo semestre.
Aunque la formalización de los acuerdos se cerrará de forma bilateral con cada comunidad autónoma, la ministra ha indicado que su expectativa es alcanzar una posición unánime que permita avanzar con todos los ejecutivos regionales. El consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, ha ratificado este jueves, en nombre de los gobiernos autonómicos del PP, que se sumarán al plan, si bien ha avisado de que podrán presentar recursos ante el Tribunal Supremo más adelante.
Rodríguez ha subrayado que el plan consensuado reserva el 40% del presupuesto a incrementar de forma permanente el parque de vivienda protegida, algo que, en sus palabras, demuestra que "cuando se quiere y se trabaja en él", es posible cerrar acuerdos entre administraciones de distinto signo político.
El programa cuenta con una dotación de hasta 7.000 millones de euros, lo que triplica la cuantía del plan anterior, y asegura el carácter permanente de las viviendas públicas financiadas.
La propuesta del Ministerio conserva los criterios de distribución aplicados en el anterior Plan Estatal. Además del 40% destinado a vivienda protegida, otro 30% se dirigirá a la rehabilitación del parque residencial ya construido mediante líneas de ayuda específicas y el 30% restante se orientará a apoyos para la emancipación de los jóvenes, la rebaja de la tasa de esfuerzo financiero de los hogares y la actuación en zonas tensionadas.
Asimismo, el plan incorpora el principio de protección indefinida para las viviendas públicas, de modo que los inmuebles que se compren o promuevan con cargo a estos fondos mantendrán la calificación de protegidos de forma permanente.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé que la Administración General del Estado asuma el 60% de la inversión global, mientras que las comunidades autónomas deberán aportar el 40% restante. Esto implica un esfuerzo superior para las autonomías respecto a los planes previos, en los que su contribución era del 25% y el Estado cubría el resto.
Reparto del esfuerzo por comunidades autónomas
En términos absolutos, Andalucía es la región con mayor asignación en el nuevo plan, con 1.197 millones de euros, lo que supone 877 millones más que en el programa anterior. A continuación se sitúa la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).
Castilla y León dispondrá de 378 millones de euros, tras sumar 277 millones adicionales, mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones). Galicia contará con 399 millones, con un incremento de 293 millones, y Castilla-La Mancha recibirá 280 millones (+205 millones).
A la Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón obtendrá 266 millones (+195 millones); las Islas Baleares tendrán 168 millones (+123 millones); y Asturias contará con 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia percibirá 308 millones, lo que implica un aumento de 258 millones.
Cantabria recibirá 133 millones (+98 millones); Extremadura, 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones).
En cuanto a las ciudades autónomas, Ceuta dispondrá de una partida de 7 millones de euros, con un incremento de 4,7 millones, mientras que Melilla contará también con 7 millones, tras sumar 2,8 millones respecto al periodo anterior.