El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este jueves el “acuerdo histórico” alcanzado con todos los ejecutivos autonómicos y los agentes sociales en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, después de “muchos meses de negociación y trabajo”.
En un mensaje difundido en su perfil de ‘X’, Sánchez ha subrayado que esta iniciativa se planteó en la última conferencia de presidentes, celebrada hace casi un año, y que cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros “para ampliar la oferta asequible y ayudar a la gente a tener un hogar”.
Para el jefe del Ejecutivo, el hecho de que todas las comunidades autónomas hayan respaldado la propuesta de distribución de fondos del plan en la conferencia sectorial de vivienda de este jueves “es una gran noticia para España”.
“Espero que después de ella vengan otras”, ha señalado, remarcando que las distintas administraciones deben cooperar “para resolver el problema de la vivienda” y que esta es “la única manera”.
Claves del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 está dotado con hasta 7.000 millones de euros, una cuantía que triplica la del plan anterior, y refuerza la protección de las viviendas públicas con carácter permanente.
Según el reparto previsto, el 40% de los recursos se dirigirá a vivienda protegida, el 30% a la rehabilitación del parque residencial ya existente mediante ayudas específicas y el 30% restante se dedicará a apoyar la emancipación de los jóvenes, reducir la tasa de esfuerzo financiero de los hogares y actuar en zonas tensionadas.
Asimismo, el plan incorpora el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de forma que los inmuebles que se adquieran o se promuevan con fondos del programa mantendrán la calificación de protegidos de manera permanente, con el objetivo de evitar la especulación con el parque público.
El diseño financiero del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 establece que el Estado asumirá el 60% de la inversión total, mientras que las comunidades autónomas cubrirán el 40% restante. Esto implica que los gobiernos autonómicos deberán realizar un esfuerzo algo superior al de los planes anteriores, en los que su aportación era del 25% del presupuesto y el resto corría a cargo del Estado.