Santa Bárbara Sistemas, integrada en la filial europea de General Dynamics, tiene previsto presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional (AN) en caso de que el Ministerio de Defensa rechace el recurso de alzada que la compañía interpuso contra la adjudicación de los programas de artillería a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
Según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras del expediente, el departamento que encabeza Margarita Robles dispone de plazo hasta el 22 de abril para pronunciarse sobre ese recurso de alzada. Este trámite es imprescindible para agotar la vía administrativa antes de poder acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria, en este caso, la AN.
Paralelamente, la Subdirección General de Recursos e Información Administrativa del Ministerio ha decidido no aplicar medidas cautelares para paralizar las adjudicaciones a la UTE de Indra y EM&E de los contratos de suministro de los programas especiales de modernización (PEM) de Defensa “ATP Ruedas” y “TP Cadenas”. No obstante, tal y como se ha indicado, deberá resolver antes del 22 de abril el recurso planteado por Santa Bárbara contra dichas adjudicaciones.
El procedimiento continúa pese al rechazo de las cautelares
La propia resolución del Ministerio de Defensa subraya que la negativa a suspender provisionalmente las adjudicaciones “no prejuzga en modo alguno el examen de fondo del recurso de alzada presentado por Santa Bárbara solicitando la nulidad de las adjudicaciones”.
En consecuencia, la decisión definitiva del Ministerio deberá adoptarse tras analizar los argumentos expuestos por las partes, en especial la postura de Santa Bárbara, y, en cualquier caso, quedará sujeta a la posible revisión por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa.
De este modo, el recurso de alzada de Santa Bárbara sigue su curso con independencia de la posición de Defensa sobre las medidas cautelares solicitadas.
En este contexto, conviene recordar que la empresa presentó el pasado 22 de enero un recurso de alzada contra las resoluciones que otorgaron a las UTE de Indra y EM&E los contratos de suministro de los PEM, destinados a la adquisición de obuses autopropulsados sobre ruedas y cadenas por un importe global superior a 7.000 millones de euros. Junto a ese recurso, Santa Bárbara pidió como medida cautelar la suspensión de las adjudicaciones mientras se tramitaba el procedimiento.
Santa Bárbara reclama que su oferta sea valorada
Las mismas fuentes inciden en que Santa Bárbara es una empresa con “probada capacidad técnica y experiencia contrastada en el sector de la Defensa”, lo que, a su juicio, obligaba a que su propuesta para ejecutar los PEM fuera tenida en cuenta. Recuerdan que las adjudicaciones a Indra y EM&E se adoptaron sin concurrencia ni publicidad, pese a que estas compañías no dispondrían de “experiencia y recursos comparables a los de Santa Bárbara”.
Por este motivo, dichas fuentes consideran “más razonable suspender” la adjudicación de los contratos y así evitar eventuales indemnizaciones futuras en caso de que el recurso sea finalmente estimado en cuanto al fondo.
En todo caso, las fuentes consultadas recalcan que Santa Bárbara mantiene su “plena confianza en la solidez de sus argumentos”, también en lo relativo a las medidas cautelares denegadas, que pretendían, entre otros aspectos, prevenir los perjuicios económicos que, según el Ministerio, podrían ser compensados si el recurso prosperase.
Desde la compañía insisten en que seguirán adelante con la defensa de sus “derechos e intereses legítimos, acudiendo a todas las instancias necesarias”.
Asimismo, Santa Bárbara confía en que la Administración adopte las decisiones adecuadas para evitar “los daños irreparables” que, a su entender, podría generar la no suspensión cautelar de las adjudicaciones para la propia empresa y su plantilla, así como para el tejido industrial de la Defensa en general y para la Administración Pública, “ya que la adjudicación de los contratos sin publicidad y concurrencia ha impedido a la propia Administración la selección de una oferta idónea y más ventajosa”.
Finalmente, cabe precisar que esta resolución solo afecta al recurso de alzada contra las adjudicaciones presentado ante Defensa y no al recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el Tribunal Supremo contra los préstamos de 3.000 millones de euros, a un interés del 0%, concedidos a la UTE de Indra y EM&E para prefinanciar los dos principales programas de artillería incluidos en la estrategia de modernización militar del Gobierno. Este último procedimiento mantiene todavía pendiente la decisión sobre las medidas cautelares y sobre el fondo del recurso.