Santander lanza asesoramiento a empresas para adaptarse a la nueva Ley de Movilidad Sostenible

Santander apoyará a más de 1.000 empresas con asesoramiento, financiación y tecnología para cumplir la nueva Ley de Movilidad Sostenible antes de 2026.

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Banco Santander ha anunciado este miércoles que pondrá a disposición de sus clientes corporativos un paquete de asesoramiento especializado, financiación y herramientas tecnológicas con el fin de apoyarles en el cumplimiento de la nueva Ley de Movilidad Sostenible.

El calendario fijado por la normativa establece como fecha límite el 5 de diciembre de 2026. A partir de entonces, centenares de compañías que operan en España deberán contar con planes de movilidad al trabajo plenamente implantados.

Esta Ley se aplicará a organizaciones con más de 200 empleados o con más de 100 trabajadores por turno en un mismo centro. Santander calcula que más de 1.000 empresas de su cartera podrían verse afectadas. Estas compañías tendrán que definir dentro del plazo legal las actuaciones que impulsen una movilidad laboral más sostenible, como el fomento del transporte compartido o colectivo, la implantación de fórmulas de teletrabajo, la preferencia por vehículos de bajas emisiones, la electrificación de sus flotas o la instalación de puntos de recarga, entre otras opciones.

“Las empresas van a tener que adaptarse a una nueva obligación regulatoria, pero también les dará la oportunidad de mejorar su eficiencia, ser más competitivas y avanzar en sus objetivos de sostenibilidad”, ha señalado el responsable de finanzas sostenibles de Santander España, Pablo Alonso.

La iniciativa de Santander ofrece un conjunto amplio de servicios para responder a las distintas necesidades de las compañías y se ha configurado junto a socios como Valora, que participará en la etapa de asesoramiento y en el diseño del plan. La finalidad es que las empresas puedan preparar, negociar e implantar sus planes de movilidad de forma integral.

El programa abarca desde el análisis inicial de la situación, el acompañamiento en la definición de medidas y la tramitación de ayudas públicas, hasta la financiación de las inversiones y de los costes operativos derivados.