La división británica de Banco Santander tiene previsto elevar a más del doble las provisiones destinadas a cubrir el impacto económico derivado del conocido como “caso de los coches”.
Según se detalla en el informe anual de Santander UK, la dotación asociada a este asunto pasará de 295 millones de libras (unos 340 millones de euros), ya reflejados en las cuentas de 2024, hasta 646 millones de libras (748 millones de euros), cifra que la dirección considera como el coste final más probable dentro del rango de escenarios analizados.
Por el momento, la entidad solo ha incrementado esa provisión en 183 millones de libras (211 millones de euros) sobre el importe inicial, de forma que el volumen reservado asciende ahora a 461 millones de libras (533 millones de euros).
Origen y alcance del “caso de los coches”
El llamado “caso de los coches” tiene su origen en una modificación de la normativa de financiación de vehículos aprobada en 2021 en Reino Unido, que vetó el uso de determinadas cláusulas en los contratos de crédito al consumo ofrecidos por los bancos.
El organismo supervisor británico, la FCA, aseguró haber comprobado que “muchas empresas” --en especial concesionarios-- vulneraron sus reglas y no trasladaron de forma adecuada a los clientes información relevante sobre ciertas comisiones.
La investigación se centra en los acuerdos de comisión discrecional entre entidades financieras y concesionarios. En este esquema, los concesionarios actuaban como intermediarios al facilitar financiación a los compradores de automóviles.
El conflicto radicaba en que la comisión percibida por el concesionario dependía del tipo de interés aplicado al préstamo: cuanto más elevado era el interés del crédito, mayor era la remuneración que recibía el intermediario.
El regulador concluyó que este modelo podía incentivar la oferta de préstamos con intereses superiores a los necesarios, lo que habría llevado a que parte de los compradores de coches asumieran un coste excesivo por su financiación.
Tras identificar a las compañías implicadas, la FCA planteó un programa de compensaciones por un valor total de 8.200 millones de libras esterlinas (9.300 millones de euros).
En este contexto, además de reforzar sus provisiones, Santander indica que ha venido colaborando con la FCA, si bien en octubre de 2025 solicitó la intervención del Gobierno británico con el objetivo de mitigar el impacto de las indemnizaciones.
Paralelamente, la FCA comunicó en diciembre que acortaría el periodo de pausa para la recepción de reclamaciones de los afectados hasta el 31 de mayo, en lugar del 31 de julio inicialmente previsto, con el fin de evitar “resultados desordenados, inconsistentes e ineficientes” en la gestión de las quejas.
Después de los fallos de la Corte Suprema y del Tribunal Superior sobre los mecanismos para que las empresas puedan tramitar volúmenes “significativos” de reclamaciones, la FCA ha comenzado a avanzar en el diseño definitivo del plan de compensación y en el procedimiento de tramitación.
Previsión de reclamaciones y sensibilidad del coste
En cualquier caso, Santander advierte en el documento de que persisten “incertidumbres significativas sobre el alcance de las acciones de compensación que se llevarán a cabo”. En sus últimas proyecciones, la entidad asume que cerca del 85% de los clientes potencialmente afectados presentará una reclamación, frente al 50% contemplado en las primeras estimaciones.
Asimismo, subraya que el coste total para el banco es muy sensible a la proporción de clientes que finalmente decida reclamar. De acuerdo con sus cálculos, cada variación de cinco puntos porcentuales en la tasa de reclamaciones --al alza o a la baja-- implicaría un cambio aproximado de 18 millones de libras en el volumen global de provisiones.