El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y el delegado institucional de Iberdrola en el País Vasco, Asís Canales, han instado al Gobierno de España a reaccionar con celeridad ante el encarecimiento de la energía derivado de la guerra de Irán. Ambos han reclamado una rebaja inmediata de la carga fiscal sobre la electricidad, con menos impuestos en las tarifas y la supresión del 7% al impuesto sobre la generación de luz, tal y como ha planteado Jainaga.
Las peticiones se han formulado en una mesa redonda moderada por la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, bajo el título “Proyectos de transición energética. Pasado, presente y futuro”, en la que también han intervenido el CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, y el director global de Eficiencia Energética de Gestamp, Iñigo López Brañas.
Este debate se ha integrado en una jornada celebrada en la sede de Waste Lab, en Zamudio, organizada por la Diputación de Bizkaia para dar a conocer los nuevos incentivos fiscales dirigidos a la descarbonización de la industria del territorio. Al acto han asistido, entre otros, la diputada general, Elixabete Etxanobe, y la diputada foral de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa.
Jainaga ha advertido de que el impacto de la guerra sobre la energía se prolongará en el tiempo y que sus efectos, “independientemente de si no dura mucho en el tiempo, se van a quedar, de alguna manera, durante meses o años”. A su juicio, esta situación se suma a un escenario económico mundial ya alterado por los aranceles de Trump, que han generado una “distorsión importante de los mercados”, ahora agravada por la incertidumbre que crea el conflicto bélico, lo que configura “un escenario muy complicado, sobre todo para las empresas, para las que la energía es una parte crucial en sus costes”.
El responsable de Sidenor ha confesado que observa la coyuntura con inquietud porque considera que “esto va a durar y el tema energético va a afectar enormemente porque estamos en un mercado que no crece, con muchos costes directos e indirectos” y ha remarcado que “malo, no, yo creo que el año 2026 va a ser catastrófico”.
Ante este contexto, ha reclamado al Ejecutivo central que adopte medidas, como mínimo, equiparables a las que se están poniendo en marcha en otros países europeos, como Francia, Alemania o Bélgica, “con cuyas empresas competimos”. En su opinión, es imprescindible actuar sobre la parte regulada del sistema, donde “el gobierno de España tiene la capacidad de tomar decisiones que vayan al encuentro de la normativa europea y faciliten la vida de las empresas”, algo que, ha recalcado, “si ya ha estado en la mesa durante meses, ahora se ha convertido en urgentísimo” porque está situando a las compañías españolas “en desventaja”.
Entre las actuaciones concretas, ha citado la necesidad de que España elimine el impuesto del 7% a la generación de electricidad y revise los denominados servicios de ajuste, que “han subido de manera desmesurada desde el apagón y gravan nuestra factura de una manera terrorífica”. “O hacen eso o salimos en manifestación”, ha ironizado.
La visión de Iberdrola sobre precios y fiscalidad
El delegado institucional de Iberdrola en el País Vasco, Asís Canales, ha coincidido en señalar el efecto adverso de la crisis de Irán sobre las cotizaciones de los combustibles fósiles y cómo ese encarecimiento terminará repercutiendo en el precio de la electricidad, dependiendo del peso que tengan estas fuentes en el mix de generación y del grado de exposición de consumidores y empresas a esos precios.
Canales ha defendido “menos impuestos sobre tarifas eléctricas, como ya está aconsejando la Unión Europea y bajar la fiscalidad porque Europa no se puede permitir esta debilidad actual respecto a los costes”.
En cuanto a las respuestas a aplicar, ha abogado por repetir las lecciones extraídas tras la crisis de precios del gas asociada a la guerra de Ucrania, que se resumen en “menos impuestos y más renovables para ganar en autonomía energética, más presencia de energía nuclear y menos del gas e ir hacia una mayor electrificación para reducir la dependencia de suministro de combustibles fósiles expuestos a riesgos geopolíticos”.
“Hay que avanzar en la independencia energética de Europa, España, y por tanto, Euskadi”, ha subrayado, para remarcar, en clave territorial, que “sin duda la descarbonización es digna de apoyo fiscal para que muchas empresas den pasos hacia ella y mantengan su competitividad”.
En su criterio, los incentivos fiscales constituyen “una buena herramienta de apoyo”, del mismo modo que disponer de seguridad jurídica en los procesos de descarbonización vía electrificación. Para ello, ha destacado que “las redes eléctricas son fundamentales y apoyarlas es apoyar la competitividad del territorio”.
No obstante, ha lamentado que “las redes eléctricas en España no tienen capacidad” suficiente y ha incidido en que, en Euskadi, es clave respaldar la generación renovable, ya que el recurso eólico y solar no suele ser bastante para justificar nuevas inversiones, y su desarrollo se complica “por un entorno social muy hostil y la ausencia de lugares idóneos y recursos bajos”.
Impulso fiscal y colaboración público-privada
El CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, y el director global de Eficiencia Energética de Gestamp, Iñigo López Brañas, han puesto en valor el papel de la Diputación de Bizkaia y de la Hacienda foral en la promoción de la colaboración público-privada.
Zudaire ha resaltado su vocación “promotora” como elemento refencial” en el respaldo a los proyectos estratégicos que están impulsando”, mientras que López Brañas ha hecho hincapié en que la palabra “clave” es su “cercanía para acompañar a las empresas”.
La diputada general, Elixabete Etxanobe, ha recordado al tejido empresarial vizcaíno que la institución foral es consciente de que “de nuevo, es más que evidente que en estos momentos estamos sintiendo las consecuencias de nuestra dependencia energética”. Tras señalar que Europa importa “una parte muy significativa de la energía que consume y cada crisis internacional nos recuerda hasta qué punto esa dependencia impacta en nuestros costes de producción y condiciona nuestra capacidad de competir”, ha querido trasladar “un mensaje claro” para hacer frente a la inestabilidad y a las tensiones derivadas de la guerra de Irán y su efecto sobre las compañías del territorio.
“En el contexto actual, la Diputación va a acompañar a las empresas de Bizkaia en este camino que tenéis que avanzar, desde la fiscalidad, que es nuestra herramienta más poderosa, pero también con otras líneas de actuación sobre todo dirigidas al contexto actual”.
Etxanobe ha reconocido que “muchas empresas están observando con gran preocupación la situación internacional y el impacto que la guerra puede tener sobre sus costes de producción y sobre su capacidad de competir” y ha avanzado que la Diputación “tiene ya preparado un paquete de medidas tributarias”.
Entre esas medidas ha mencionado actuaciones encaminadas a “facilitar la liquidez en las empresas, flexibilizar y fraccionar pagos, acelerar devoluciones, incluso deflactar la fiscalidad, y también, aliviar tensiones de tesorería si la situación internacional termina trasladándose con más intensidad a la economía” ha concluido.