A la sexta fue la vencida. Seis reuniones oficiales han mantenido el Gobierno de España y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF hasta alcanzar un acuerdo acerca de la subida salarial de los funcionarios para el periodo 2025-2028. El primer encuentro tuvo lugar el 5 de noviembre y el último el 26 del mismo mes.
El proceso comenzó a acelerarse el 14 de octubre, cuando las organizaciones sindicales anunciaron un calendario de movilizaciones, y amenazaron con un paro nacional, “en protesta por el bloqueo a la negociación colectiva de Función Pública, que mantiene congeladas las nóminas de este año e impide un nuevo acuerdo salarial”, apuntaron.
Pero la negociación se activó de manera definitiva después del 30 de ese mes, cuando, entre 500 y 1.000 empleados del sector público, según estimaciones de los sindicatos, se congregaron ante el Ministerio de Función Pública en Madrid. “Este ninguneo no se puede soportar”, declaró Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO.
¿De qué se habló en la primera reunión (5 de noviembre)?
En ese cara a cara inicial, la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, comunicó a los sindicatos la disposición del Gobierno a establecer un nuevo convenio de tres años para los funcionarios. Este acuerdo incluiría incrementos salariales compuestos por una parte fija y otra variable, asegurando así que los trabajadores públicos mantuvieran su poder adquisitivo.
¿Y en la segunda (11 de noviembre)?
Esa reunión se dedicó a tratar la revisión y posible eliminación de la tasa de reposición actual, considerando un sistema alternativo que se basaría en criterios objetivos y previsiones de personal.
La primera propuesta llegó en la tercera reunión (19 de noviembre)
El 19 de noviembre comenzaron a hablar de lo mollar, es decir, del bloque de los aspectos retributivos. El Gobierno propuso un aumento del 10% en los salarios de los empleados públicos para el periodo de 2025 a 2028. Este incremento se distribuiría de manera gradual durante los cuatro años, con un límite del 4% anual para los dos primeros años, en línea con el límite de gasto presupuestario.
La parte restante del aumento, un 6%, se aplicaría en los últimos dos años del periodo, aunque desde CSIF señalaron que el Gobierno sugería un incremento mayor en 2027 debido a la previsión de inflación.
Pero los tres sindicatos rechazaron la proposición. En CSIF argumentaron que la oferta inicial no compensaba la inflación acumulada, que hasta octubre alcanzó el 3,1% anual. Más beligerantes fueron en CCOO, ya que calificaron la oferta de “del todo inaceptable” y un “insulto” para los trabajadores públicos. UGT mencionó que el porcentaje complicaría las negociaciones y subrayó la necesidad de garantizar el poder adquisitivo.
La negociación ya cogió velocidad de crucero y se citaron para el día siguiente.
¿Qué pasó en la reunión del 20 de noviembre?
El Gobierno mejoró su oferta: un 11% de subida salarial para los funcionarios; porcentaje que se repartiría en los cuatro años y tendría una parte fija y otra variable.
Y esta propuesta dividió a los sindicatos: CSIF dijo que ese 11% era “insuficiente” y que “condenaba a los/as empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo”. Para este sindicato, no obstante, lo más preocupante era el 4% que el Gobierno ofreció a repartir entre 2025 y 2026. Si se mantiene ese porcentaje, dijeron, “tendremos que volver a las calles”.
Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, afirmó que la subida de ese punto (del 10% al 11%) era “importantísima”. Sobre el 4% para 2025 y 2026, manifestó que, si se cerraba esa cifra, la subida en 2027 debía ser del 5%. Pero ya deslizaba el posible veredicto: “En principio, nos podría valer”.
Ni sí, ni no, fue la respuesta de CCOO. Su coordinador del Área Pública, Lucho Palazzo, indicó que tenían que estudiar la proposición “detenidamente”.
El Gobierno mejora la oferta (24 de noviembre)
La penúltima reunión tuvo lugar el 24 de noviembre. El Ministerio de Función Pública reafirmó su propuesta de incremento salarial del 11%, pero, adicionalmente, se comprometió a la aprobación de un Real Decreto-Ley este mes, que permitiría un aumento del 2,5% en diciembre de 2025, con efecto retroactivo desde el 1 de enero.
De nuevo, el principal punto de desacuerdo en las negociaciones fue el porcentaje de aumento para 2025 y 2026, limitado al 4% anual. Y esta vez fue CCOO quien se expresó con rotundidad: “Insuficiente”. “CCOO continuará en la negociación por responsabilidad y porque confía en que hay margen para lograr un punto de encuentro, aunque no se descarta ningún escenario si persiste el inmovilismo por parte del Gobierno, como retomar las movilizaciones y convocar una huelga en todo el ámbito público’, señalaron.
Habemus acuerdo (26 de noviembre)
En la reunión del pasado miércoles llegó el pacto entre los sindicatos (al menos UGT y CSIF, ya que CCOO todavía no se ha pronunciado) y el Gobierno sobre el incremento de sueldo de más de 3 millones de funcionarios. La entente consiste en un aumento salarial del 11% durante el periodo 2025-2028. Este incremento se distribuirá de la siguiente manera: un aumento del 2,5% en 2025, un 1,5% en 2026 con un adicional del 0,5% sujeto a la evolución del IPC, un 4,5% en 2027 y finalmente un 2% en 2028.
El aumento correspondiente a este año será efectivo en diciembre con retroactividad desde el 1 de enero. En 2026, el incremento será del 1,5%, con la posibilidad de añadir un 0,5% adicional si la inflación alcanza o supera ese porcentaje al final del año. Este ajuste adicional se pagaría en el primer trimestre de 2027 de forma retroactiva. El incremento de 2026 será el único que combine una parte fija con una variable, mientras que los demás serán totalmente fijos.
Además, el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía (en su denominación oficial) elimina la tasa de reposición de efectivos; agiliza y mejora los procesos selectivos; establece nuevas modalidades de promoción interna e incrementa, en las ofertas de empleo público (OPE), el número de plazas destinadas a la atención a la ciudadanía.
¿Qué opinan en CSIF?
CSIF destacó que este acuerdo es “el mejor posible en las actuales circunstancias políticas” y ayudará a recuperar un 2,9% del poder adquisitivo perdido por los funcionarios. Desde esta organización sindical apuntaron que suscribían el pacto “por una cuestión de responsabilidad y compromiso con los empleados públicos”, señaló su presidente, Miguel Borra.
¿Y UGT?
En UGT aseveran que los funcionarios “recuperarán tres puntos de poder adquisitivo (exactamente, un 2,83 %). En un plazo de 13 meses (enero de 2027), las nóminas registrarán un incremento del 9 %. El aumento total real durante el período de vigencia del acuerdo será del 11,43 %, incluidos los deslizamientos/arrastres”.