QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este miércoles, Consuelo Sánchez Naranjo, secretaria de Estado de Función Pública, ha comunicado a CCOO, UGT y CSIF la disposición del Gobierno a establecer un nuevo convenio de tres años para los funcionarios. Este acuerdo incluiría incrementos salariales compuestos por una parte fija y otra variable, asegurando así que los trabajadores públicos mantengan su poder adquisitivo, según ha divulgado el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública.
La negociación de este acuerdo trianual se ha iniciado hoy con una reunión entre las partes, donde Función Pública busca no solo mejorar las retribuciones de los empleados públicos sino también implementar otras medidas organizativas “que repercutan de manera positiva en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía”.
“Queremos caminar junto a las organizaciones sindicales hacia una Administración más participativa, que ofrezca servicios de atención personalizados, que diseñe políticas públicas que mejoren la vida a la ciudadanía y que esté mejor preparada para afrontar la innovación y la adaptación a la doble transición, digital y verde”, ha explicado la secretaria de Estado.
Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas
Además, el acuerdo contempla un conjunto de mejoras organizativas y la consolidación de derechos para los empleados públicos. Durante la reunión, se ha acordado con los sindicatos un calendario de reuniones para avanzar en el texto que será presentado en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas “en cuanto sea posible”.
UGT ha señalado que las negociaciones se organizarán por bloques y que los encuentros se realizarán los miércoles, aunque el próximo será el martes por ajustes en la agenda. Aunque no se ha definido una cifra concreta de incremento salarial, el convenio abarcaría tres años y UGT ha propuesto que para 2025 el aumento salarial sea diferenciado y retroactivo desde enero.
La reunión también ha marcado el reinicio de las negociaciones después de las recientes movilizaciones de funcionarios en España y la amenaza de una huelga general en diciembre. El acuerdo previo, vigente de 2022 a 2024, también incluía subidas salariales fijas y variables, resultando en un incremento aproximado del 10% en los sueldos durante ese período, en un contexto donde la inflación alcanzaba el 10%, representando un desembolso de cerca de 13.000 millones de euros.
