Sumar defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que plantea reforzar la normativa sobre préstamos rápidos en España y ampliar el alcance de los créditos sometidos a regulación, suprimiendo el actual umbral de 200 euros.
El grupo plurinacional advierte en su iniciativa de la fuerte expansión en los últimos años de empresas que conceden microcréditos de entre 50 y 1.000 euros. Señala, además, que en algunos casos estos prestamistas ofrecen financiación con intereses que alcanzan el 4.000%, 5.000% e incluso 59.000 TAE, lo que, unido a la falta de transparencia en la comercialización, conduce a los clientes a “espirales de pagos imposibles”.
El diputado de En Comú que impulsa la propuesta, Félix Alonso, subraya que la legislación española no establece reserva de actividad para la concesión de crédito, de modo que estas compañías que otorgan préstamos inmediatos quedan fuera de la supervisión del Banco de España y ni siquiera existe un censo oficial de las mismas.
Vacíos legales y límites de la Justicia
Esta situación provoca que, ante posibles abusos, los usuarios tengan grandes dificultades para reclamar, ya que en algunos supuestos las empresas, al no estar registradas, disuelven la sociedad y desaparecen. La iniciativa recoge que ciertos tribunales consideran que no hay una regulación precisa ni un criterio objetivo para determinar cuándo un crédito es usurario y que el supervisor tampoco se pronuncia sobre estos productos.
En este contexto, y a la luz de la Directiva Europea de 2023 sobre contratos de crédito al consumo, Sumar defenderá en el Pleno de la Cámara la necesidad de poner en marcha medidas que regulen los créditos rápidos, eliminen su carácter abusivo y aseguren la protección efectiva de los consumidores.
Para ello, el grupo incluye en su proposición no de ley, registrada en el Congreso y recogida por Europa Press, un conjunto de actuaciones. En primer término, reclama fijar criterios claros que permitan determinar cuándo un préstamo debe considerarse abusivo, así como promover todas aquellas medidas orientadas a impedir costes de crédito desproporcionados o usurarios como los que han padecido algunos usuarios.
Registro, supervisión y control de la publicidad
La iniciativa contempla también la creación de un procedimiento de registro y supervisión de todos los prestamistas de crédito al consumo, de forma que sólo puedan operar aquellas entidades que acrediten solvencia suficiente y adopten prácticas respetuosas con el consumidor.
Entre las medidas adicionales se incluye la obligación de utilizar modelos contractuales específicos para este tipo de créditos que garanticen estándares adecuados de protección, someter a las empresas de crédito al consumo y de préstamos rápidos al control del Banco de España y vetar la publicidad de créditos rápidos en la que se resalte la facilidad para obtener el dinero por encima de otros elementos esenciales como el coste.
Finalmente, Sumar propone coordinar con el resto de administraciones un estudio que emplee todos los medios disponibles, incluida la Inteligencia Artificial, con el fin de localizar anuncios, posibles abusos y fraudes de estos prestamistas y, en su caso, imponer sanciones o promover acciones penales cuando se considere necesario.