QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, en el Pleno del Congreso, Sumar defenderá una proposición no de ley con la que solicitan al Gobierno modificar el régimen de despido improcedente para que resulte verdaderamente disuasorio para las empresas y reparador para los trabajadores afectados.
Tras su reciente revés en la Cámara Baja por la propuesta de reducción de jornada, abatida por PP, Vox y Junts, la coalición encabezada por Yolanda Díaz presentará otra iniciativa destacada en el ámbito económico.
La formación política considera esencial implementar una indemnización que actúe como barrera ante los despidos sin justificación, eliminando así ciertas distorsiones en el ámbito laboral que son «especialmente perniciosas» para las PYMEs, que constituyen la mayor parte del entramado productivo español.
QUE SE TENGA EN CUENTA EL TAMAÑO DE LA EMPRESA
La propuesta de la coalición, según informaciones de Europa Press, propone que la compensación por despido considere aspectos como el volumen de negocio de la firma, su tamaño u otras circunstancias relevantes.
Sumar argumenta que esto evitaría que las compañías más grandes o con más recursos despidan sin justificación, ya que no enfrentan proporcionalmente las mismas penas económicas que las menores, promoviendo el ‘dumping social’.
Para sustentar su propuesta, el grupo señala que en países como Francia y Alemania la indemnización por despido improcedente se ajusta considerando factores como la antigüedad del empleado o su salario, así como las circunstancias específicas del despido.
EUROPA DICE QUE EL DESPIDO ES INSUFICIENTE EN ESPAÑA
Actualmente, en España, la indemnización establecida por despido improcedente es de 33 días por año trabajado. CCOO y UGT han recurrido al Comité Europeo de Derechos Sociales denunciando que esta cantidad no es suficientemente disuasoria, incumpliendo la Carta Social Europea.
El Comité Europeo dio la razón a los sindicatos y declaró que los límites máximos de indemnización vigentes en España «no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario».
El Tribunal Supremo, sin embargo, indicó que la indemnización por despido improcedente no puede aumentarse judicialmente para adaptarse a las circunstancias de cada caso, ya que los preceptos de la Carta Social son «declaraciones programáticas» y de «abierta interpretación», requiriendo legislación específica.
Ante este panorama, Sumar sostiene que el problema reside no solo en la adecuación de la indemnización, sino en la propia naturaleza del sistema de compensación por despido improcedente en España, y urge al Ejecutivo a revisar la legislación para establecer una indemnización «realmente disuasoria y restaurativa».
