El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha dado la razón a Telefónica en el recurso presentado contra su exclusión como adjudicataria del lote de ciberseguridad e interconexión de datos, el tercero, del gran contrato de telecomunicaciones de la Administración conocido como “CORA”.
“En consecuencia, procede estimar el recurso, anulando la resolución de exclusión y por ende la resolución por la que se declara desierto el procedimiento, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento anterior a la exclusión prosiguiendo este por sus trámites”, señala la resolución del TACRC, a la que ha tenido acceso Europa Press.
El órgano de recursos contractuales concluye que no se ha producido ninguna modificación ni alteración en la oferta de la operadora presidida por Marc Murtra. El Tribunal respalda así el planteamiento de Telefónica al considerar que su salida del proceso no se ajustó a derecho y que su propuesta continúa siendo válida dentro del concurso. Con la retroacción ordenada, el expediente deberá seguir su curso con la UTE de Telefónica como única oferta admisible para este lote.
En julio de 2025, el Gobierno, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, comunicó la adjudicación de la tercera edición del contrato “CORA”, un macroconcurso valorado en 340 millones de euros para unificar durante 3,7 años las comunicaciones de más de 85 organismos públicos.
Este contrato agrupa servicios que hasta entonces se gestionaban mediante distintos acuerdos ministeriales, como telefonía fija y móvil, acceso a Internet, interconexión de centros de datos y protección de redes.
En ese reparto inicial, el lote 1 (red nacional multiservicio) se asignó a Telefónica; el lote 2 (comunicaciones fijas y móviles con dispositivos) a MasOrange; el lote 3 (ciberseguridad e interconexión de centros de datos) a la UTE integrada por Orange+TRC y Mnemo; y el lote 4 (red de datos internacional) a Evolutio.
Telefónica se impone a Orange en el lote 3
Tras la impugnación, Telefónica conservará la prestación del lote 3, ya con la resolución del TACRC que avala la validez de su oferta en el procedimiento. El contrato está valorado en 63 millones de euros sin impuestos.
En julio de 2025, Telefónica acudió al TACRC contra la adjudicación del lote 3 al sostener que Mnemo, socio de la Unión Temporal de Empresas (UTE) de MasOrange, no disponía de plan de igualdad, un requisito obligatorio en la contratación pública. En septiembre de 2025, el Tribunal le dio la razón y dejó sin efecto esa adjudicación.
En octubre de 2025, ya en la fase de formalización tras esa primera resolución, la Mesa de Contratación del Ministerio reclamó a Telefónica que acreditara el cumplimiento del plan de igualdad por parte de todas las empresas que aportaban solvencia o figuraban como subcontratistas. La compañía respondió que la Ley de Contratos del Sector Público permite ajustar la estructura de subcontratación, por ejemplo suprimiendo un nivel.
En noviembre de 2025, la Mesa acordó excluir a Telefónica al entender que Govertis, uno de los proveedores contemplados, no cumplía las exigencias de igualdad, y declaró desierto el lote. La operadora volvió a recurrir ante el TACRC en diciembre.
Para asegurar la continuidad del servicio, desde diciembre de 2025 Telefónica mantiene la prestación asociada al lote 3 mediante una prórroga forzosa, paralela al lanzamiento por parte de la Administración de una licitación negociada sin publicidad, de nueve meses prorrogables por otros nueve, en exclusiva con Telefónica. La compañía presentó su oferta en marzo de 2026 y el expediente se encuentra en fase de formalización, con entrada en vigor prevista el 1 de junio.
En su resolución de abril de 2026, notificada en mayo, el TACRC estimó el recurso de Telefónica, dejó sin efecto su exclusión y la declaración de desierto, y ordenó retrotraer las actuaciones al momento previo a esa decisión, de forma que el proceso de adjudicación y formalización del contrato debe seguir adelante con la UTE de Telefónica como única oferta válida para el lote 3.
La prórroga forzosa continuará en vigor hasta el 31 de mayo y, desde junio, se activará el contrato negociado sin publicidad con Telefónica, de nueve meses prorrogables por otros nueve, que garantizará la continuidad del servicio mientras se pone en marcha el nuevo contrato definitivo.