Telefónica ha planteado a las organizaciones sindicales una rebaja cercana al 9% en el umbral de salidas mínimas previsto en el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a las tres compañías integradas en el convenio de empresas vinculadas (CEV) —Telefónica de España, Móviles y Soluciones—, que son las que concentran la mayor parte del ajuste colectivo previsto para siete filiales del grupo, con el objetivo de favorecer la voluntariedad del proceso.
La propuesta inicial de la operadora contemplaba 5.040 extinciones de contrato en las tres sociedades del CEV, pero en la fase actual de la negociación se maneja una banda de entre 4.600 y 5.040 salidas, de forma que la cifra definitiva dependerá del número de adhesiones voluntarias que finalmente se registren.
Fuentes del sindicato Sumados-Fetico han trasladado a Europa Press que, si se alcanzaran 4.600 adhesiones voluntarias, no se producirían más bajas que esas, mientras que si, por ejemplo, se llegara a 5.300 solicitudes de adhesión, el tope de salidas seguiría fijado en 5.040.
En cambio, si el volumen de adhesiones se quedara, por ejemplo, en 4.000 personas, habría 600 extinciones forzosas adicionales hasta completar las 4.600 salidas, que en el escenario actual de diálogo social se sitúan como el máximo de afectación del ERE en ausencia de un grado suficiente de voluntariedad.
En este marco, Sumados-Fetico entiende que empieza a perfilarse la opción de que el ERE en las compañías del CEV pueda ser voluntario y de carácter universal, aunque, al igual que UGT y CCOO, considera que el umbral mínimo aún debería rebajarse algo más para blindar esa voluntariedad en todos los casos.
UGT ha indicado en una nota que en la reunión celebrada este miércoles se han producido “avances relevantes”, si bien puntualiza que “persisten discrepancias sustanciales que impiden cerrar un acuerdo en los términos propuestos por la empresa”.
Por su parte, “CCOO insiste en que este es un ERE de largo recorrido y que deben aceptarse todas las adhesiones voluntarias a lo largo del mismo para que sea universal utilizando todas las palancas necesarias como el ‘reskilling’ (reciclaje profesional), concursos de méritos, nuevo empleo, etc”, ha remarcado el sindicato.
En paralelo, la compañía ha accedido a extender el convenio especial con la Seguridad Social hasta dos años antes de la edad legal de jubilación ordinaria, con el límite máximo de 65 años.
Asimismo, se mantiene la exigencia de contar con al menos 15 años de antigüedad en la empresa para poder sumarse al ERE de forma voluntaria, aunque se han introducido fórmulas más flexibles para la adscripción al mismo.
Respecto al esquema indemnizatorio, la empresa plantea abonar hasta el 68% del salario regulador, unas condiciones equiparables a las del ERE pactado en enero de 2024, que concluyó con la salida de 3.420 empleados de la compañía, un 33% menos que las 5.124 bajas inicialmente puestas sobre la mesa al inicio de aquellas conversaciones.
En detalle, para las personas nacidas en 1969, 1970 y 1971 se ofrece una compensación del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65.
Para quienes nacieron entre 1965 y 1968 se prevé una indemnización del 62% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65, mientras que para los nacidos en 1964 y con anterioridad se plantea un 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65.
La propuesta incorpora además una actualización anual del 1% del salario regulador en el segundo tramo, la posibilidad de reversibilidad de rentas, convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años, cobertura sanitaria básica y una aportación extraordinaria al plan de pensiones, entre otros elementos.











