El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este martes que la actualización y reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se impulsará mediante un anteproyecto de ley, y ha instado a que no se convierta en objeto de “luchas partidistas” ni de la política “del regate corto” por parte de los grupos del Parlamento.
“Creo que las políticas de seguridad y salud en el trabajo, las políticas de prevención de riesgos laborales y los instrumentos vinculados a la garantía de la integridad física y psíquica de las personas trabajadoras y a la garantía de la productividad y buen funcionamiento de las empresas son políticas de Estado. No deberían incorporarse a la lucha partidista ni a la política de regate corto”, ha subrayado.
En unas jornadas organizadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para conmemorar los 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Pérez Rey ha explicado que el anteproyecto que modificará esta normativa, cuyo trámite arranca mañana, necesita un amplio apoyo de las distintas fuerzas políticas para reforzar el mensaje que España quiere proyectar en este ámbito.
“Ojalá haya una gran unanimidad detrás de esa modernización de nuestro sistema preventivo”, ha manifestado el secretario de Estado, que ha remarcado que también es imprescindible la colaboración de empresas de todos los tamaños y de las comunidades autónomas, “que son decisivas y esenciales para garantizar que la prevención baje al terreno”.
“Espero que, cuanto antes, este anteproyecto pueda estar aprobado y podamos, dentro de algún tiempo, volver a hacer una jornada donde, 30 años después, esos cambios normativos hayan acabado con esa lacra que es enfermar y perder la vida en el trabajo”, ha remarcado Pérez Rey.
Sus declaraciones se producen pocas horas antes de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rubrique con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, el acuerdo alcanzado para reformar el marco de prevención en España.
En esta línea, Pérez Rey ha destacado que el pacto que se firma este martes “es fruto de un enorme trabajo de la mesa de diálogo social”. “Se firma un texto madurado, trabajado y estudiado durante más de 20 meses”, ha señalado, recordando que la CEOE ha decidido no sumarse al acuerdo por motivos que, a su juicio, resultan incomprensibles.
Al mismo tiempo, ha asegurado que las propuestas de las organizaciones empresariales se han incorporado al texto y que su ausencia en la firma “no resta ni un ápice de importancia a lo que hoy se va a suscribir en el Ministerio de Trabajo y Economía Social”.
Adaptar la prevención a cambio climático, tecnología y género
Pérez Rey ha indicado que, aunque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales continúa siendo una norma “pujante e importante”, se ha visto “transmutada por los enormes cambios que se han producido, no sólo en los escenarios laborales, sino en el mundo en general”.
En este sentido, ha avanzado que la revisión de la ley incorporará el impacto del cambio climático, dado que “hay pocas dudas de que es un factor esencial para poner en peligro la salud de los trabajadores”.
“Si vemos lo que ha ocurrido en la Dana, lo que ocurre cada verano en determinados espacios productivos con personas que fallecen debido a los golpes de calor o lo que ocurre los inviernos con las temperaturas extremas o cuando comprobamos la dificultad de garantizar la seguridad y salud laboral de un rider que cruza una ciudad a menos 15 grados bajo cero, nos damos cuenta de que el cambio climático forma ya cotidianamente parte de la seguridad y salud laboral y que no podemos mirar para otro lado”, ha recalcado.
“La Dana fue, antes que nada, un gran accidente de trabajo. Buena parte de las personas que fallecieron en los terribles sucesos de Valencia lo hicieron cuando volvían, venían del trabajo o estaban en ese momento trabajando”, ha añadido.
Junto al clima, la reforma también contemplará el efecto de la transformación tecnológica, pues “sentirse vigilado, monitorizado o ser sujeto de decisiones automatizadas, tiene un impacto a la hora de establecer los métodos de trabajo” y en la salud de las plantillas, ha indicado el secretario de Estado.
Asimismo, la nueva normativa reforzará el abordaje de los riesgos psicosociales, que “no están suficientemente reconocidos” en una ley con tres décadas de antigüedad, e integrará de forma más clara la perspectiva de género, dado que la regulación actual “piensa sobre todo en el hombre y no tiene en cuenta los riesgos vinculados al género”.
Pérez Rey ha recordado que la siniestralidad laboral, responsable de más de 700 fallecimientos anuales, no se explica únicamente por el marco legal, sino también por la necesidad de garantizar empleos y condiciones de trabajo de calidad y entornos productivos “sanos y saludables”.
“Un país como el nuestro, que ha nadado, buceado, durante décadas en la precariedad laboral como única forma de inserción en el mercado de trabajo, puede tener el mejor ordenamiento preventivo del mundo que no va a conseguir garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, porque la precariedad, la temporalidad, la rotación, la parcialidad involuntaria, son elementos clave para incidir negativamente en la salud de los trabajadores”, ha advertido.
En esta línea, ha denunciado que una parte significativa de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales ha estado ligada “con el abuso de la temporalidad”. Por ello, ha defendido que la reforma laboral de 2021, que impulsa la estabilidad en el empleo y la contratación indefinida como regla general, ha funcionado también como herramienta de política preventiva.
“Obviamente eso es imprescindible pero no suficiente. Es necesario también modernizar nuestros instrumentos preventivos vinculados a la ley de prevención de riesgos, que ya está tocada por el tiempo”, ha concluido.