QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos ha establecido este viernes que la mayoría de los aranceles impuestos globalmente por la administración de Donald Trump son ilegales, respaldando así un veredicto previo de otro tribunal de finales de mayo. La razón es una sobreextensión de las atribuciones presidenciales; no obstante, ha resuelto mantenerlos hasta el 14 de octubre para facilitar posibles apelaciones del Ejecutivo estadounidense.
La decisión se tomó con una votación de siete a favor y cuatro en contra, señalando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no concede al presidente «una amplia autoridad para imponer aranceles de la naturaleza de los aranceles sobre tráfico y recíprocos». «Porque estamos de acuerdo en que la concesión de autoridad presidencial por parte de la IEEPA para ‘regular’ las importaciones no autoriza los aranceles impuestos por las órdenes ejecutivas», declara el fallo.
Por lo tanto, la anulación de los aranceles no será efectiva inmediatamente, sino hasta mediados de octubre, permitiendo que estos continúen en efecto y que el Gobierno de EE. UU. tenga la oportunidad de apelar este fallo judicial.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ya ha adelantado que el Departamento de Justicia apelará la sentencia, calificándola de «errónea». «El Departamento de Justicia (…) continuará luchando para restaurar la autoridad legítima del presidente», ha indicado a través de la red social X.
«¡Todos los aranceles siguen en vigor!», exclamó el mandatario desde su cuenta en Truth Social. «Un Tribunal de Apelaciones altamente partidista dictaminó erróneamente que nuestros aranceles debían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final. Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país», comentó.
En detalle, cinco órdenes ejecutivas basadas en la IEEPA podrían ser suspendidas, incluyendo los aranceles recíprocos del ‘Día de la Liberación’ y otros sobre China, México y Canadá. Los jueces han restringido la capacidad presidencial para imponer estos gravámenes, reafirmando que esta autoridad corresponde al Congreso, como lo estipula la Constitución de los Estados Unidos.
«Parece improbable que el Congreso, al promulgar la IEEPA, pretendiera apartarse de su práctica anterior y otorgar al Presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles», asegura el documento. Trump, por su parte, ha sostenido que la eliminación de los aranceles «destruiría» Estados Unidos y ha defendido que su política comercial es «la mejor herramienta» para las empresas y trabajadores del país.
«Estados Unidos ya no tolerará enormes déficits comerciales ni aranceles injustos, ni barreras comerciales no arancelarias impuestas por otros países, amigos o enemigos, que perjudican a nuestros fabricantes, agricultores y a todos los demás», agregó.
