Tubos Reunidos ha comunicado este miércoles al comité de empresa de la planta de Amurrio que su situación es “extraordinariamente complicada” y, tras apelar a la responsabilidad de todas las partes, ha avisado de que, si no se dan las condiciones para que algún inversor apueste por la compañía, el concurso de acreedores ya presentado podría desembocar en el cese definitivo de la actividad y en la extinción de la totalidad de los contratos.
La dirección ha trasladado que apenas dispone de ingresos para afrontar los pagos ordinarios de mayo y que, como consecuencia directa de la solicitud de concurso, queda suspendida la ejecución del plan de viabilidad y del despido colectivo en marcha. Así se recoge en una comunicación interna remitida a la plantilla, a la que ha tenido acceso Europa Press tras la reunión con el comité de Amurrio.
Este encuentro, al que seguirá otro a partir de las cuatro y media de la tarde con el comité de Trapagarán, se celebra después de que la empresa registrara el pasado lunes en un juzgado de Álava un concurso voluntario de acreedores.
La compañía ya había alegado que se encontraba en una situación de “insolvencia inminente” por las tensiones de tesorería acumuladas en los últimos meses, tensiones que, según subrayó, se han agravado por la “paralización indeseada” de la actividad en Amurrio a raíz de la huelga indefinida.
Tubos Reunidos, que cerró el último ejercicio con unas pérdidas de 118 millones y arrastra una deuda de 263,2 millones, presentó un ERE que contemplaba la salida de 240 empleados en las plantas de Amurrio (Álava) y Trapaga (Bizkaia), así como el cierre de la acería alavesa. Estas medidas formaban parte de un plan de viabilidad que incluía también la reestructuración de la deuda y la búsqueda de nueva financiación, sin que hasta la fecha se haya conseguido.
Tras la reunión en Amurrio, la dirección ha explicado al comité que el objetivo principal era detallar la situación actual de la empresa tras la decisión del Consejo de Administración de solicitar el concurso voluntario de acreedores.
En el encuentro, la empresa ha incidido en que se trata de una medida impuesta por la Ley Concursal, dada la “insolvencia inminente” que afronta. Ha recordado que los artículos 2, 3.1 y 5 de dicha norma obligan al Consejo a pedir el concurso cuando se prevé que, en los tres meses siguientes, la sociedad va a ser “incapaz de cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones de pago”.
Según ha trasladado, esa previsión de “insolvencia inminente” afecta tanto a la deuda financiera como a los créditos derivados de la operativa diaria, incluyendo las nóminas y las cotizaciones a la Seguridad Social.
Actividad deficitaria y falta de consenso
La dirección ha insistido en que el problema no se limita al volumen de deuda, sino que, en las condiciones actuales, la actividad productiva tal y como está diseñada resulta “muy deficitaria” y “genera pérdidas y aumenta una deuda que no se va a poder pagar”.
Ha recalcado que la petición de concurso se ha vuelto obligatoria al no poder presentar a acreedores e inversores un plan de viabilidad “con el suficiente consenso que posiblemente hubiera permitido refinanciar la deuda y recuperar la rentabilidad de la actividad productiva”.
En este punto, la empresa ha subrayado que el primer paso para poner en marcha el Plan de Viabilidad era alcanzar un acuerdo social que finalmente no se ha producido y que ha derivado en una huelga indefinida en Amurrio, que “ha paralizado de forma indefinida la producción”.
En este contexto, Tubos Reunidos sostiene que “nadie está dispuesto a conceder más crédito ni a invertir en Tubos Reunidos”.
La dirección ha explicado al comité que, una vez que el Juzgado declare el concurso en las próximas semanas y designe a la Administración Concursal, las decisiones sobre el futuro de la empresa, su actividad y el conjunto de la plantilla quedarán supeditadas al desarrollo del proceso concursal.
Riesgo para la continuidad y papel de la Administración Concursal
La empresa ha advertido de que se enfrenta a “una situación muy complicada” para sostener la actividad durante el concurso y ha añadido que, en las actuales circunstancias, “no es capaz de generar ingresos suficientes para sostener la producción y la huelga está deteriorando sensiblemente” su credibilidad como proveedor, lo que hace que apenas cuente con ingresos para cubrir los pagos corrientes de mayo.
Asimismo, ha señalado que, a raíz de la solicitud de concurso, Tubos Reunidos Group se ve “en la necesidad” de dejar en suspenso el plan de viabilidad y el despido colectivo tramitado el 9 de febrero de 2026, “habida cuenta que no se han podido cumplir las condiciones de viabilidad necesarias (refinanciación) para hacer frente a las mejoras indemnizatorias ofrecidas en el citado expediente de regulación de empleo y que determinaron las adscripciones voluntarias”.
Ha indicado además que será la administración concursal que se nombre en el procedimiento la que resulte competente para decidir “sobre la aplicación de las medidas laborales que en su caso correspondan”.
En esta línea, ha avisado de que no puede descartarse que el administrador concursal se vea obligado a adoptar “medidas más exigentes para limitar el deterioro económico de la empresa”, algo que “dependerá de la situación en la que se encuentre cuando acepte el cargo, previsiblemente en unas tres o cuatro semanas”.
Tubos Reunidos ha reconocido que, si nada cambia, “las previsiones para el futuro de la empresa no son favorables”. Pese a ello, asegura que continuará haciendo todo lo posible por revertir la situación, aunque “desde una posición más limitada”, dado que las decisiones de mayor calado “deberán ser aprobadas por la Administración Concursal y el Juzgado”.
“Aunque el escenario es mucho más complejo, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: generar las condiciones necesarias para que los acreedores e inversores apuesten por mantener la actividad y los puestos de trabajo, y para que la empresa pueda superar el concurso de acreedores”, ha remarcado la dirección en su mensaje a la plantilla.
En su llamamiento final, la empresa ha pedido responsabilidad a todas las partes porque la coyuntura “es extraordinariamente complicada” y, en el marco del concurso, “se decidirá la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo”.
Ha advertido, además, de que, si no se generan las condiciones para que alguien quiera invertir en Tubos Reunidos, “desgraciadamente, el concurso podría conducir al cese de la actividad y a la extinción de todos los contratos de trabajo”.
División sindical ante la huelga indefinida
La reunión con la empresa tiene lugar en vísperas de la asamblea promovida por un grupo de trabajadores de Amurrio, que recabó 235 firmas de la plantilla —registradas ante la Inspección de Trabajo— para convocar dicho encuentro y que sean los empleados quienes decidan si continúan o no con la huelga indefinida en la planta.
Sin embargo, la mayoría sindical del comité —ELA, LAB y ESK— rechaza esta iniciativa y no participará en la asamblea, al considerar que pretende “quitar derechos fundamentales”. Por el contrario, CCOO y UGT se muestran partidarios de que la plantilla pueda pronunciarse sobre la continuidad de este paro indefinido.