UGT mantiene la expectativa de que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), con sede en Estrasburgo, emita un dictamen favorable a la reclamación colectiva presentada contra el Reino de España por no asegurar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna, pese a que el Gobierno ha solicitado el archivo del procedimiento en su escrito de alegaciones.
Así lo han explicado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, en una rueda de prensa en la que han detallado los puntos principales de la réplica registrada por el sindicato frente a las observaciones remitidas por el Ejecutivo al CEDS.
Álvarez ha subrayado que el Gobierno, a diferencia de lo ocurrido “como sí hizo en la reclamación sobre el despido”, en esta ocasión “no niega la mayor”, aunque aun así pide al Comité que cierre el caso, alegando su compromiso de dar cumplimiento a la Carta Social Europea, cuyo presunto incumplimiento por parte de España es el eje de la queja de UGT.
El Comité admitió a trámite el pasado mes de diciembre la reclamación del sindicato, centrada en la “inadecuación del marco jurídico español” a la Carta Social Europea en lo relativo al derecho a una vivienda adecuada y asequible.
En su denuncia, UGT sostiene que la combinación de una oferta insuficiente de vivienda social y unos precios muy elevados en el mercado provoca que el acceso efectivo a una vivienda digna no esté garantizado para una parte relevante de la población, especialmente para trabajadores jóvenes, empleados con salarios bajos e inmigrantes, considerados colectivos especialmente vulnerables.
Tras las primeras alegaciones del Gobierno, el sindicato ha presentado su respuesta y ahora el Ejecutivo dispone hasta el 9 de junio para contestar a la réplica. A partir de esa fecha, el CEDS iniciará la fase de deliberación para emitir su resolución, un proceso que podría prolongarse más de un año, aunque UGT considera que el resultado será favorable a sus tesis.
Mientras tanto, Álvarez ha alertado de que la crisis de vivienda se agrava y ha criticado que, cuando se plantean medidas que podrían contribuir a paliar el problema, el Parlamento las rechaza, como sucedió con el decreto de prórroga de alquileres, que decayó “de una manera absolutamente ilógica e irracional”.
“Los diputados de las tres derechas (PP, Vox y Junts) no deberían dormir con la conciencia tranquila porque muchas personas no van a tener techo como consecuencia de su voto”, ha reprochado el dirigente sindical.
Un derecho exigible a Estado, comunidades y ayuntamientos
UGT solicita al CEDS que reconozca la vivienda como un derecho directamente reclamable ante las administraciones competentes, obligadas a garantizar un alojamiento adecuado a la población.
“La vivienda es un bien público, de uso y propiedad privada, pero es un bien público y por eso hay que tomar medidas contra la especulación. Nadie debería poder acumular un número irracional de viviendas como hacen los fondos buitre o los fondos de inversión”, ha defendido Álvarez, quien ve “razonable” una regulación específica, sobre todo en las denominadas zonas tensionadas.
En la misma línea, ha planteado que las viviendas turísticas “desaparezcan progresivamente” y sólo se autoricen en supuestos “absolutamente justificados”, descartando su utilización como instrumento de “negocio especulativo, como está ocurriendo en este momento”.
El secretario general de UGT ha reclamado a las comunidades autónomas que no “se escaqueen” ante la gravedad del problema y ha instado al Estado a reforzar su financiación para impulsar un parque público de vivienda en alquiler. “No puede ser este desorden de algunos presidentes autonómicos sobre sí o no al cumplimiento de las leyes. Eso se tiene que acabar”, ha señalado, en referencia a la posición de varias autonomías del PP frente a la Ley de Vivienda.
Álvarez también ha llamado la atención de la CEOE sobre el impacto de la vivienda en la actividad económica, advirtiendo de que en las zonas más tensionadas resultará inviable cubrir determinados puestos de trabajo si no existe un parque residencial suficiente y a precios asumibles.
“Aquí hay también un problema de salarios, pero tenemos que conseguir que haya un parque público de viviendas que permita que las personas que se desplacen puedan disponer de una vivienda digna”, ha apuntado, reclamando a la patronal que incorpore esta realidad a la negociación de los convenios colectivos.
Por su parte, Fernando Luján ha precisado que la pretensión de UGT es que, en su resolución, el Comité Europeo haga efectiva la incorporación de la Carta Social Europea al ordenamiento jurídico español, de modo que Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos estén obligados a facilitar una vivienda digna a quienes carecen de recursos para acceder a ella por sus propios medios.