QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno de Uruguay ha decidido anular un convenio con el astillero vigués Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas tipo OPV, cuyo valor alcanza aproximadamente los 82 millones de euros. La razón de esta cancelación, según ha indicado el ejecutivo uruguayo, se debe a los “fuertes indicios de fraude o estafa al Estado”.
En una reciente rueda de prensa, el Gobierno uruguayo explicó que Cardama debía aportar una garantía de “fiel cumplimiento” del contrato, que representaba el 5% del valor total del acuerdo, unos 4,1 millones de euros. Esta garantía no se concretó y se solicitaron varias prórrogas, extendiendo el plazo de 45 días a 11 meses, lo que es crucial ya que el primer navío debía estar listo en 18 meses.
La situación se complicó cuando el embajador de Uruguay en el Reino Unido acudió a ejecutar la garantía en las oficinas de Eurocommerce, la entidad con la que se formalizó el aval, y encontró que en la dirección solo operaba una inmobiliaria. Además, se descubrió que la compañía estaba en “liquidación por inactividad” y no figuraba como entidad financiera en los registros, con parte de su información en la web calificada de “engañosa”.
Desde Cardama, se ha indicado que han contactado con el banco mencionado, confirmándoles un cambio de dirección en el Reino Unido. “Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude ante el Estado uruguayo y esta garantía no existiría”, declaró el Gobierno uruguayo, anticipando futuras acciones “administrativas, civiles y penales”.
Este contrato fue adjudicado durante la presidencia de Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, mientras que el actual presidente, Yamandú Orsi, pertenece al Frente Amplio. El Gobierno actual critica que no se tomaran las precauciones necesarias para asegurar la capacidad de la empresa de cumplir con el contrato.
“Resulta evidente que estamos frente a una situación muy grave que va a requerir una investigación en profundidad para ver si de esta manobra, aparentemente fraudulenta, hay complicidad por parte de funcionarios públicos que actuaron y no resguardaron la defensa del Estado frente a un contrato millonario”, enfatizó el ejecutivo uruguayo.
Cardama, por su parte, busca negociar con el Gobierno de Uruguay, argumentando que “no tiene ningún sentido que el contrato se rompa”. De rescindirse definitivamente, la empresa tendría que devolver unos 8 millones de euros de garantías y se enfrentaría a disputas legales por los 28 millones de euros ya invertidos por Uruguay en la construcción de las patrulleras.
La ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo, también ha cuestionado recientemente la capacidad del astillero para construir las patrulleras, una preocupación que se extiende a otras empresas que se interesaron en el proyecto.
