El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha mostrado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo conocida este martes, en la que se respalda la limitación a la actualización de la renta de los contratos de alquiler de vivienda aprobada en plena crisis inflacionista. Esta medida se incorporó en el Real Decreto-Ley de 29 de marzo de 2022, adoptado para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, así como en sus dos prórrogas aprobadas ese mismo año.
Fuentes del departamento de Vivienda han subrayado que el fallo del Supremo “da la razón al Gobierno” en la puesta en marcha de instrumentos de contención de rentas y de protección de los inquilinos. “El derecho, siempre por encima de todo”, han recalcado las mismas fuentes.
La resolución del alto tribunal, difundida este martes, concluye que la citada limitación, orientada a frenar la escalada de precios y a salvaguardar a los arrendatarios más vulnerables, no implicó una privación del derecho de propiedad ni supuso vulneración de su contenido esencial.
En consecuencia, el Supremo ha rechazado el recurso presentado por Societat de Arrendaments 2007 contra el acuerdo del Consejo de Ministros que le denegó una indemnización de 631.000 euros, reclamada en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los presuntos daños derivados de la fijación de topes a las rentas máximas de los alquileres.
Desde Vivienda han destacado que el pronunciamiento del Supremo avala que “el legislador puede limitar la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda de forma que, en defecto de acuerdo entre las partes, no pueda superar determinados límites razonables y razonados”.
En paralelo, fuentes del equipo de Isabel Rodríguez han señalado que el Ministerio ha puesto en marcha una respuesta estructural para prevenir conflictos similares en el futuro mediante el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), destinado a la actualización anual de los contratos de alquiler de vivienda firmados desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023.