El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha citado este jueves 21 de mayo a las comunidades autónomas en una conferencia sectorial en la que se someterá a aprobación la distribución de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ya pactada previamente con los gobiernos autonómicos, con la intención de que el programa empiece a desplegar sus efectos a partir del segundo semestre del año.
Este nuevo plan cuenta con una dotación máxima de 7.000 millones de euros, una cantidad que triplica la del plan anterior, y refuerza la protección de las viviendas públicas con carácter permanente.
La propuesta del Ministerio pasa por conservar los mismos criterios de reparto aplicados en el anterior Plan Estatal, según han señalado fuentes del Departamento, que espera alcanzar un consenso con todas las comunidades autónomas para poner en marcha "cuanto antes un plan esencial para resolver el principal problema de la ciudadanía".
El programa prevé destinar el 40% del presupuesto a incrementar de forma estable el parque de vivienda protegida, otro 30% a la rehabilitación de viviendas ya existentes mediante líneas de ayuda específicas y el 30% restante a apoyos para la emancipación de los jóvenes, la reducción del esfuerzo económico que supone el acceso a la vivienda y la actuación en áreas tensionadas.
Asimismo, el plan incorpora el principio de protección indefinida de las viviendas de titularidad pública, de modo que los inmuebles que se adquieran o promuevan con cargo a estos fondos conservarán la calificación de protegidos de forma permanente.
El diseño financiero del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 establece que la Administración General del Estado asumirá el 60% de la inversión total prevista, mientras que las comunidades autónomas deberán aportar el 40% restante, lo que implica un esfuerzo superior al de los planes precedentes, en los que su contribución se limitaba al 25% del presupuesto, siendo el resto cubierto por el Estado.
Un plan bajo el "paraguas" de la Ley de Vivienda
Este plan se enmarca en el "paraguas" de la Ley por el Derecho a la Vivienda y se articula en torno a tres ejes principales: construir, rehabilitar y proteger.
Con este fin, el Gobierno refuerza la protección de la vivienda pública y protegida para impedir que se pueda especular con ella, supeditando la financiación de proyectos residenciales a que se destinen siempre al interés general; introduce una cláusula antifraude en los procesos de adjudicación y se compromete a publicar datos oficiales sobre el mercado residencial para que no dependan de "portales privados con intereses privado".
En paralelo, y en clave de gobernanza participativa, el Consejo Asesor de Vivienda evaluará anualmente el grado de cumplimiento del plan.
Además, tal y como señaló la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el programa ejercerá una función de control sobre todas las administraciones implicadas, con el objetivo de que el Ejecutivo central mantenga la supervisión del desarrollo de las viviendas financiadas con recursos públicos, mediante la creación de canales de transparencia y de coordinación con revisiones semestrales.
Reparto territorial y esfuerzo de las comunidades
En términos absolutos, Andalucía figura como la comunidad con mayor asignación del nuevo plan, con 1.197 millones de euros, lo que supone 877 millones más que en el programa precedente. A continuación se sitúan la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).
Castilla y León dispondrá de 378 millones de euros, tras sumar 277 millones adicionales, mientras que Canarias contará con 371 millones (+272 millones). Galicia alcanzará los 399 millones, con un incremento de 293 millones, y Castilla-La Mancha recibirá 280 millones (+205 millones).
A la Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón contará con 266 millones (+195 millones); las Islas Baleares obtendrán 168 millones (+123 millones); y Asturias tendrá 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia percibirá 308 millones, lo que implica un aumento de 258 millones.
Cantabria recibirá 133 millones (+98 millones); Extremadura, 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones).
En cuanto a las ciudades autónomas, Ceuta dispondrá de 7 millones de euros, con una subida de 4,7 millones, mientras que Melilla contará igualmente con 7 millones, tras un incremento de 2,8 millones respecto al periodo anterior.