El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha reconocido que el decreto ley que planteaba alargar los contratos de alquiler que caducan en 2026 y 2027, y que su formación votó en contra en el Congreso, sí suponía un beneficio “puntualmente” para los inquilinos.
El pasado martes, PP, Vox, Junts y UPN unieron fuerzas para derogar el decreto ley promovido por Sumar, que contemplaba tanto la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler como el límite del 2% a las subidas que se pueden aplicar a las rentas.
Durante la defensa de la posición de Vox en el Pleno, Hernández Quero subió a la tribuna para explicar el rechazo de su grupo y puso como ejemplo a su propia hermana, que vive de alquiler. Según argumentó, aunque ella podría salir beneficiada en un primer momento, a medio y largo plazo acabaría perjudicada por la inseguridad jurídica derivada de la medida.
Este sábado, en una entrevista en el programa ‘Parlamento’ de RNE, recogida por Europa Press, ha reiterado esa idea al afirmar: “Esto podía beneficiar puntualmente a mi hermana, pero supone dar una patada para adelante porque el problema sigue igual”.
En esa conversación, Quero ha sostenido que el decreto del Gobierno implicaba un giro normativo “repentino” y “brusco” que, a su juicio, generaba un escenario de inseguridad jurídica que, según la literatura académica, termina provocando una reducción de la oferta de vivienda.
“Genera inseguridad jurídica” y reduce la oferta
“Cuando se genera inseguridad jurídica, el tenedor de vivienda, el arrendador siente incertidumbre, siente desconfianza y saca su vivienda del mercado”, ha advertido el diputado. Al mismo tiempo, ha subrayado que mientras esto sucede la población que busca casa ha aumentado “de forma tremenda”.
Así, el portavoz ha recalcado que si la oferta disminuye y la demanda sigue creciendo, el resultado lógico es un encarecimiento de los alquileres. “No hay ningún enigma ni ningún misterio detrás”, ha remachado. En este contexto, ha recordado que desde 2020 hasta hoy más de la mitad de las viviendas disponibles para alquilar se han “evaporado”, lo que, en su opinión, explica la intensa escalada de precios registrada en estos años.
El decreto ley permitía extender los contratos de alquiler, de modo que esas viviendas permanecían arrendadas durante más tiempo. No obstante, Hernández Quero ha advertido de que, una vez finalizada esa prórroga extraordinaria, muchos propietarios optarían por retirar sus inmuebles del mercado, estrechando aún más la oferta disponible.
“Esto no es una opinión personal de un diputado de Vox, ni es una hipótesis, es una corroboración avalada por toda la literatura académica de lo que ha sucedido cuando se han hecho medidas como esta en cualquier lugar del mundo, que es un descenso de la oferta”, ha insistido el parlamentario, que considera que quienes más sufrirían las consecuencias serían precisamente los colectivos más vulnerables.
Las propuestas de Vox para la vivienda
A continuación, el portavoz ha detallado algunas de las medidas que Vox plantea para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa España. Entre ellas, ha mencionado la construcción de más vivienda libre, el refuerzo del parque público y el control de la demanda, ya que, en su opinión, permitir la entrada de “tres millones” de inmigrantes en un mercado ya tensionado contribuye a presionar aún más los precios.
En esta línea, ha recalcado que, del mismo modo que la producción de vivienda no puede crecer “hasta el infinito”, tampoco lo puede hacer la demanda.
Según ha expuesto, con datos del Banco de España, actualmente existe un déficit de 700.000 viviendas en el mercado, mientras que al país llegan cada año 600.000 personas nuevas. A ello se suma que solo se construyen unas 90.000 viviendas anuales, una cifra que, ha señalado, no compensa el déficit acumulado ni cubre las necesidades de quienes llegan. “A 90.000 casas más y 600.000 personas más buscando casas, las cuentas no salen”, ha resumido.
Por último, Hernández Quero ha abogado por poner límites a la compra de vivienda por parte de fondos de inversión extranjeros y grandes corporaciones, a través de impuestos “muy altos” con carácter disuasorio, una iniciativa que ha evitado calificar como intervencionista. El objetivo, ha explicado, es que los pequeños propietarios puedan competir en condiciones similares con las grandes entidades a la hora de adquirir una vivienda.